La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en términos del estímulo fiscal que en 2012 se auto-determinaron diversos entes públicos, no reflejan las operaciones reales de acreditamiento de los estímulos.
Se trata de entidades adheridas al Decreto mediante el cual el Gobierno Federal condona a las entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados que se adhirieran al mismo, adeudos fiscales derivados de la omisión del entero del ISR por sueldos y salarios que retuvieron a sus trabajadores.
Adicionalmente otorga un estímulo fiscal que consiste en enterar sólo un porcentaje de esa contribución, "como una medida para corregir y lograr una solución definitiva e integral a su situación fiscal", y en contraparte, a la federación se le finiquitan los adeudos por contribuciones que tuviera con los entes públicos adheridos al decreto.
El Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 señala que 169 entes públicos se beneficiaron con mil 065 millones 708 mil 500 sin tener derecho a dicho estímulo, al no estar adheridos al decreto, y añade que el SAT debía recuperar dicho monto mediante actos de fiscalización.
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