Economía

¿Incrementar salarios en la banca de desarrollo?


 
Dolores Padierna Luna *
 

En la Reforma Financiera presentada por el Ejecutivo Federal se incluye la propuesta de crear un régimen de excepción para los empleados públicos de confianza de la Banca de Desarrollo, plantea que a estos altos funcionarios no se les apliquen las condiciones generales de trabajo que operan para el resto de los trabajadores públicos.
 

Las consideraciones que hace en la exposición de motivos son inaceptables. Señala que además de los recursos públicos que se asignen para otorgar créditos y prevenir riesgos, se debe invertir en "recursos humanos de calidad", que el hecho de carecer de buenos perfiles, ha sido una limitante para dar créditos; que si no se les paga bien se irán a la iniciativa privada, etc.
 
Afirma que solo si se aumentan las remuneraciones, derechos y  jubilaciones de los directivos de la Banca de Desarrollo se pueden entregar buenos resultados ya que sus incentivos principales son las prestaciones laborales. Estos criterios deberían ser aplicables a toda la clase trabajadora no sólo a los altos directivos bancarios; además, se desconoce el impacto de esta medida en el Presupuesto de Egresos de la Federación porque no entregan el estudio correspondiente.
 

En la iniciativa de Reforma Financiera solicitan que a los altos directivos de la Banca de Desarrollo no se les aplique la Ley Federal Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece las reglas para fijar las remuneraciones de los servidores públicos; su idea es que se autoasignen sus percepciones. Adicionalmente, piden que no intervenga la Secretaria de la Función Pública con auditorías, evaluaciones o revisiones, en otras palabras que no estén sujetos a la fiscalización ni a la rendición de cuentas en forma inmediata. Incluso, en otros apartados de la reforma se establece la inmunidad para todos los altos funcionarios de las Juntas de Gobiernos de la SHCP, CNBV, IPAB y BANXICO.
 
Me parece que los autores de esta iniciativa no tienen clara la diferencia entre servicio público y servicio privado: el primero, implica mística de servicio, cumplir objetivos de país, velar por el interés general y cuando se aceptan cargos públicos, debe hacerse aceptando las circunstancias del país, sus necesidades, debe haber vocación y convicción de proyecto. Si se busca ocupar cargos para el beneficio personal, o bien si sólo teniendo altas percepciones se entregarán buenos resultados, es perder la idea de toda función de gobierno, adoptar la visión patrimonialista que ha dañado tanto al país.
 
Fijar percepciones de servidores públicos conforme las reglas del mercado financiero, también me parece cuestionable. Hay muchos de expertos de altos perfiles que aceptarían esos retos para impulsar el desarrollo de México, independientemente de cuanto se les pague, hay un bien superior que los impulsa y motiva; trabajar por alcanzar el reto es su principal incentivo.
 
Sin embargo, pareciera que las percepciones de los directivos de la Banca de Desarrollo son bajas y no es así, son de las más altas del país, y sin embargo, los resultados de la Banca de Desarrollo, de acuerdo al propio diagnóstico de las autoridades son poco alentadores, lo que quiere decir que no necesariamente los salarios elevados garantizan buenos resultados.
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 aprobó:percepciones para el Presidente de la República de 3 millones, 380,000 pesospara el Director de Financiera Rural de 3 millones 150,000 pesospara Director de Sociedad Hipotecaria de 2 millones 978,000 pesospara Director de NAFIN de 2 millones 900,000 pesospara el Director de BANOBRAS de 2 millones 848,000 pesos
 
Es decir, los directores de la Banca de Desarrollo casi ganan lo mismo que el Presidente de la República; si se les aumenta violarían la Constitución mexicana que establece en el Art. 127, fracción II que “ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República", es decir, existe un tope máximo a las percepciones de cualquier servidor público.
 
Además, la Constitución faculta exclusivamente a la Cámara de Diputados para aprobar todos y cada uno de los conceptos que integran el Presupuesto Público, esa facultad está por encima de cualquier disposición secundaria. Ese régimen de excepción que busca la Secretaria de Hacienda sería inaceptable e inconstitucional.
 
* Senadora de la República
 
 
 
 

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