El número de cajas de ahorro en el país que se encuentran en potencial quiebra y que siguen operando de manera irregular está en incremento y ya superan a las 147 cooperativas autorizadas para operar por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) detectó 82 nuevas cajas de ahorros básicas impedidas para captar recursos, con las cuales suman ya 155 las sociedades cooperativas que operan de manera irregular y donde el dinero de sus socios está en riesgo.
De acuerdo con datos del órgano de verificación, los activos de las 82 cajas básicas impedidas para recibir ahorros, porque se encuentra en "una situación clara de insolvencia o potencial quiebra", suman alrededor de 491 millones de pesos y cuentan con 59 mil 361 socios, además de una red de 119 sucursales.
Entre las cooperativas identificadas destacan Ahorradores Ocotlenses,Caja Cristal, Caja de Ahorro Mejorando Mi Futuro y Caja Motolinea, por mencionar algunas.
La localización de las cajas de ahorro que actualmente operan de manera irregular se realizó después de una revisión y análisis de la información financiera y operativa llevada a cabo por el Fondo de Protección Cooperativo (Focoop).
La verificación reveló que las 82 cajas de ahorro no reúnen las condiciones suficientes para operar, por lo que no es seguro que los usuarios guarden su dinero en ellas, detalló la Condusef.
Cabe señalar que los socios de las cajas recién detectadas no tienen acceso al seguro de depósito que cubre, en caso de quiebra o insolvencia, por 132 mil pesos los ahorros que hayan depositado, debido a que son cooperativas básicas, que de acuerdo con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, no tienen acceso a este beneficio.
Las sociedades identificadas se concentran en cuatro entidades federativas: Jalisco, donde se ubican 19 cajas y 10 mil 790 socios; Oaxaca, con 13 cooperativas y 9 mil 909 ahorradores; Estado de México, con 8 y 8 mil 642 socios; y Michoacán, con 6 cajas y 3 mil 516 asociados.
"La ley establece que por tratarse de cajas básicas, sus directivos o administradores, contando con la anuencia de la Asamblea General de Socios, pueden acercarse al FIPAGO para buscar el apoyo para el pago de ahorradores, proceso que también debe ser del conocimiento de la autoridad estatal en donde se ubique la Caja, a fin de que ésta realice las actividades complementarias que se requieran", recomendó la Condusef.
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