Redacción
La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas reiteró su rechazo al impuesto a los refrescos y bebidas azucaradas que forma parte de la Ley de Ingresos, al considerar que no va a reducir el problema de la obesidad, pero sí afectará a los más pobres, incentivará la informalidad y provocará desempleo e inflación.
En el marco de las audiencias de la Reforma Fiscal 2014, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, representantes de la organización expusieron que la medida es un impuesto al azúcar que pagarán los consumidores, al incrementarse entre 15 y 20 por ciento el precio de refrescos y otras bebidas azucaradas.
De acuerdo al INEGI, la población de ingresos más bajos, destina hasta un 10 por ciento de su poder adquisitivo en la adquisición de refrescos, señalaron.
Asimismo, destacaron, es un impuesto adicional al refresco, porque ya paga IVA, amén de ser discriminatorio e inequitativo.
Un impuesto a las bebidas azucaradas no tiene fundamento en el combate a la obesidad, que es un problema complejo y multifactorial, señalan.
Los industriales estimaron que el incremento de precio a refrescos y bebidas azucaradas reducirá, en el mejor de los casos, 1.1 por ciento del contenido calórico de la dieta promedio del mexicano y ocasionará la migración hacia productos sin regulación sanitaria.
La organización dijo que no existe evidencia internacional que haya comprobado la eficiencia de un impuesto a los refrescos y otras bebidas para disminuir la obesidad.
"Dinamarca, que implementó un impuesto con estas características, lo está derogando por inoperante, porque no ha comprobado su efectividad en la reducción de obesidad y en cambio si ha demostrado un impacto económico negativo", de acuerdo con el comunicado.
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