Jeanette Leyva Reus
México atraviesa una recesión económica que puede profundizarse con la puesta en marcha de la reforma hacendaria, debido a que no es contracíclica.
Jonathan Heath, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), indicó en conferencia de prensa que el país se encuentra en medio de una ligera recesión que comenzó en 2012, y alertó que la propuesta fiscal del gobierno podría dificultar la recuperación de la actividad económica.
De acuerdo con sus estimaciones, el periodo recesivo podría concluir en el tercer trimestre de este año, o en el arranque del próximo año.
El IMEF redujo sus expectativas de crecimiento para 2014, de 4 por ciento a 3.5 por ciento, y este pronóstico podría deteriorarse si se mantiene la propuesta de reforma hacendaria en los mismos términos.
Consideró que en un momento de recesión el camino a seguir es disminuir los impuestos para fomentar el consumo, como lo hizo Estados Unidos en 2009, y no incrementarlos, ya que con esto disminuye el poder adquisitivo.
Por su parte, Nora Morales, vicepresidente del comité de Estudios Fiscales del IMEF, afirmó que la propuesta de reforma del gobierno otorga facultades "excesivas" a la autoridad fiscal y reduce varios de los derechos de los contribuyentes.
Ejemplificó, que en materia de delitos se establecen responsabilidades penales para las personas que podrían ser totalmente ajenas a la comisión de estos actos, llegando al grado de responsabilizar a simples representantes legales, o incluso a los asesores de los contribuyentes.
También socios o accionistas podrían tener responsabilidades, lo que representa una acción desmedida, "pues estos podrían llegar a ser responsables por cantidades inclusive mayores a los que aportaron a la sociedad".
Arturo Carvajal, vicepresidente de Estudios Fiscales, indicó que la eliminación del IETU es positiva, pero no justifica la gran cantidad de medidas de contrapeso impuestas, ya que son excesivas, y representan un desaliento para la inversión.
Tan sólo el impuesto a la distribución de dividendos puede significar una tasa efectiva de alrededor del 44 por ciento, además de que se podría limitar su acreditamiento en otros países, lo que le resta competitividad al sistema fiscal mexicano.
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