Economía

IFT no demandará por reformas a los derechos de las audiencias

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió que no hay argumentos para interponer una demanda por los cambios que realizó el Congreso a Ley de los Derechos de las Audiencias.
Redacción
11 diciembre 2017 20:1 Última actualización 11 diciembre 2017 20:2
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La definición de los derechos de los usuarios y de las audiencias son competencia del Congreso, por lo que no habría afectado a la competencia del IFT. (Pixabay)

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió, en sesión ordinaria, no interponer una controversia constitucional ante la Corte contra del Congreso de la Unión y del titular del Poder Ejecutivo de la Unión por las reformas a la Ley de los Derechos de las Audiencias.

En octubre pasado el Senado de la República aprobó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El IFT detalló, a través de un comunicado que, durante la discusión de este asunto por parte del Pleno,  consideró que no existen elementos para dicha demanda, puesto que la controversia constitucional es un medio de defensa para proteger la competencia constitucional de los órganos del Estado.

“En el caso particular, la Constitución dispone que la definición de los derechos de los usuarios y de las audiencias son competencia del Congreso de la Unión, por lo que no habría afectación a la competencia constitucional del Instituto”, detalló el regulador en el documento.

Esto, de acuerdo con el artículo 6º, apartado B, fracción VI, de la Constitución, que señala que “la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección”.

Este asunto fue propuesto por las comisionadas María Elena Estavillo y Adriana Labardini, pero no alcanzó la mayoría de votos en el Pleno, debido a que los argumentos apuntan a que no habría daños a la competencia del IFT.

“Es importante subrayar que dicha decisión no implica valoraciones sobre el contenido del Decreto, sino única y exclusivamente sobre la procedencia jurídica de la vía de la controversia constitucional, en términos del artículo 105 de la Constitución”, precisó el regulador.

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