Economía

Transferencias de Hacienda a estados tienen tinte político: México Evalúa

México Evalúa señaló que las transferencias de recursos públicos de Hacienda a los estados a través del Ramo 23 son más notorios cuando están en puerta procesos electorales.

Las transferencias de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los estados a través del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas" tienen un tinte político, el cual es más notorio cuando están en puerta procesos electorales, señaló México Evalúa.

Al presentar el estudio "Arquitectura del Ramo 23", la organización indicó que este comportamiento de transferir recursos a estados según afinidad política y elecciones en puerta, se comprobó tras hacer un análisis de las transferencias en 8 entidades: Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Durango, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Sonora.

Los recursos que se usan para las transferencias de Hacienda a estados provienen de tres programas específicos del Ramo 23, que tienen en común la "discrecionalidad" de su gasto por la falta de reglas de operación, se trata del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas.

Entre 2009 y 2012, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el total ejercido bajo estos tres programas fue de 56 mil 922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017, con Enrique Peña Nieto en la presidencia, el gasto de esos programas fue de 318 mil 465 millones de pesos.

"Esto equivale a 30 por ciento del incremento en la recaudación tributaria entre 2014 y 2017, lo que incluye el alza de impuestos de ISR, IVA y gasolinas", ejemplificó Mariana Campos, coordinadora del Área de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

El estudio muestra que durante 2011, año previo a las elecciones presidenciales, la SHCP transfirió más recursos a estados gobernados por el PAN por medio del Ramo 23, siendo Sonora y Guanajuato, gobernados en ese entonces por panistas, los que resultaron mayormente beneficiados.

En cambio, los estados gobernados por el PRI como Veracruz, Tlaxcala, Nuevo León, Coahuila y el Estado de México, fueron de los menos beneficiados con ese tipo de transferencias.

Los recursos que recibieron Sonora y Guanajuato (2 mil y mil 800 millones de pesos) triplicaron los montos transferidos, por ejemplo, al Estado de México (500 millones de pesos).

En 2011, Hacienda estuvo a cargo del actual senador Ernesto Cordero (16 de diciembre de 2009 al 9 de septiembre de 2011) y del actual candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade (9 de septiembre de 2011 a 31 de diciembre de 2012).

Pero ese escenario cambió en 2017 con el PRI en el Gobierno. El estudio de México Evalúa revela que en 2017 las transferencias "discrecionales" del Ramo 23 favorecieron más años a gobiernos de estados priistas.

El Estado de México recibió recursos provenientes del Ramo 23 por 8 mil 600 millones de pesos, cantidad que duplica los montos transferidos a estados de oposición, como es el caso de Michoacán, Ciudad de México y Puebla.

En 2017, la SHCP fue liderada por Meade y su antecesor fue el ahora canciller, Luis Videgaray.

"Nuestros recursos adicionales no se están destinando a resolver los problemas de la población, se están destinando a subsidios a estados y municipios sin controles ni reglas de operación a través del Ramo 23", acusó Campos.

Edna Jaime, directora de México Evalúa, consideró que "tenemos un federalismo dislocado, Hacienda está tomando decisiones sobre temas más locales y eso nos manda la señal de que el modelo del Ramo 23 está agotado y hay que intervenir urgentemente porque este modelo ha generado más centralismo".

Aristóteles Núñez, exjefe de Servicio de Administración Tributaria (SAT), consideró que es necesario "elevar la calidad del gasto público y hace falta un control de ese gasto, hay una urgencia de reestructurar y repensar el modelo de gasto".

La senadora ciudadana Martha Tagle comentó que el conflicto entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y la Secretaría de Hacienda, evidenció el uso de recursos públicos con fines políticos, "el caso de Chihuahua es el más conocido pero no el único".

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