Economía

Gobierno debe procurar a empresas, que son motor de crecimiento: CEESP

Estimular la inversión privada debe ser uno de los principales objetivos de las autoridades, por lo que es fundamental que el ambiente de negocios propicie un mayor flujo de recursos, señaló el CEESP.

Si el sector privado es el que genera más del 80 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB), de México, el gobierno debe procurar un ambiente propicio para que continúen invirtiendo y generando empleo.

La creciente inseguridad que premia en todo el país y la percepción de desencanto en la política tributaria por haberles puesto un tope en la deducibilidad de las prestaciones laborales, son aspectos que no incentivan la inversión, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En su comentario semanal sobre la actividad económica del país, el CEESP expone que estimular la inversión privada debe ser uno de los principales objetivos de las autoridades, por lo que es fundamental que el ambiente de negocios propicie un mayor flujo de recursos en un entorno de seguridad jurídica y transparencia.

En 2015 el sector privado originó el 82.3 por ciento del PIB, según cifras de INEGI, por lo que la evidente superioridad productiva del sector privado hace que su capacidad de invertir supere con creces la del sector público. Incluso, las autoridades gubernamentales han hecho uso de recursos privados para solventar sus carencias en materia de inversión como fue en su momento a través de los Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (PIDIREGAS), para proyectos de infraestructura y ahora se hace mediante las Asociaciones Público Privadas (APPs).


"El hecho de que el principal generador de crecimiento sea el sector privado, hace indispensable un ambiente de negocios en el que las empresas vean un estímulo para invertir y hacerse más productivas y competitivas, lo que evidentemente potenciaría su capacidad productiva y competitiva, propiciando un mayor ritmo de crecimiento económico", señala en su comentario.

La inseguridad pública se ha convertido en uno de los principales factores que puede limitar el crecimiento de la actividad económica del país. De la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), se obtiene que el costo de la inseguridad en el país durante el 2015 ascendió a 236.8 mil millones de pesos, lo que representó el 1.25 por ciento del PIB. No obstante, existen otros cálculos que reportan efectos incluso por arriba del 15 por ciento.

Por otro lado, también pueden incidir en las en las expectativas de crecimiento y por ende en las de inversión, temas tributarios como los que se han puesto a discusión en el proceso de análisis y aprobación del paquete económico para el 2017.

La decisión de la Suprema Corte en el sentido de avalar un límite a la deducibilidad de prestaciones laborales, y la propuesta de elevar el impuesto a bebidas azucaradas, son aspectos que afectarían negativamente el ingreso de los hogares y tienen un efecto directo en los costos de las empresas, propiciando un desencanto en la percepción sobre la política tributaria, sobre todo en un momento en el que las autoridades se comprometieron a mantenerlo sin cambio al menos hasta finales del sexenio.

"El objetivo principal de las autoridades debería ser generar un entorno en el que las empresas y personas se desarrollen eficientemente, con la seguridad de que sus recursos no se verán afectados por políticas recaudatorias o gastos adicionales por un entorno de inseguridad, impunidad y corrupción", puntualiza el centro de estudios del sector privado.

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