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Aunque la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibe una economía 'favorable', esta debiera enfocarse en aprobar este mismo año una reforma de pensiones para evitar un mayor deterioro en la economía del país, advirtieron expertos.
De acuerdo con Arturo Luna, director de Wealth de Mercer México, el país enfrenta un reto fundamental con la población que busca una jubilación.
"Implican un fuerte desafío para los responsables del desarrollo de políticas públicas, pues deberán equilibrar estas desigualdades y brindar seguridad financiera a sus jubilados, lo cual, eventualmente, resultará favorable tanto para el individuo como para la sostenibilidad de la economía mexicana", advirtió.
El experto añadió que México tiene un sistema de pensiones con algunas características deseables, pero cuenta con importantes debilidades u omisiones que necesitan ser abordadas, como su diseño, ahorro y recaudación.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), existe un 60 por ciento de probabilidad de que la población mayor a 65 años en 2050 enfrente una situación de vulnerabilidad.
De persistir los factores que hoy en día inciden en la población adulta mayor, estas mismas son las probabilidades de pertenecer a los 10.5 millones de personas que demandarán una pensión no contributiva, a los 6.3 millones que no tendrán pensión alguna, o a los 10 millones que vivirán en condición de pobreza, describió Manuel Escobedo, presidente de la AMIS.
"La salud y el retiro son los temas contingentes de los próximos años en México", dijo el ejecutivo.
Para Sunny Villa, directora de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el pago de pensiones del sector público representa una marca histórica para 2019 y, aunque 'se come' la recaudación del IVA, aun así resulta insuficiente.
"En caso de no lograr aumentar la tasa de reemplazo, la cantidad de personas que demanden pensiones mínimas garantizadas y pensiones no contributivas será mayor, pensiones que son financiadas con gasto corriente por el gobierno federal. Se tendría mayor presión en las finanzas públicas y aumento en la desigualdad de la sociedad", aseguró la experta.