CIUDAD DE MÉXICO.- El sector empresarial espera que antes de que concluya el periodo legislativo, el 30 de abril, las leyes reglamentarias que instrumenten las reformas política, de telecomunicaciones, energética, de competencia económica así como de seguridad social, se eliminen los espacios de discrecionalidad y privilegio para brindar certeza a la ciudadanía en temas fundamentales.
Lo que se requiere en el país "son mejores instrumentos para que nuestro gobierno sea más eficiente, rinda cuentas y mejore el clima de negocios", acotó Juan Pablo Castañón Castañón.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que en seguridad social será importante, que la discusión sobre el seguro de desempleo atienda las demandas sociales y habrá que clarificar primero que es un derecho aparente para los trabajadores, pues se ejerce a costa de otro derecho, como es la capacidad de acceder a un crédito de vivienda.
En segundo lugar, si bien México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sin seguro de desempleo, también es el país con mayores pagos por indemnización dentro del organismo, lo que encarece la creación de empleo formal.
La prueba está en que en la nación se tienen casi al 60 por ciento de trabajadores en la economía informal.
"Hoy debemos enfatizar: un seguro de desempleo es impensable sin una discusión seria y franca sobre los costos del empleo en nuestro país", precisó.
En su mensaje semanal, el dirigente del sindicato patronal comentó que los próximos días debe consolidarse una ley de competencia que cuente con un adecuado equilibrio procesal; que las empresas dispongan de mecanismos de defensa y se limiten las facultades discrecionales de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como su independencia.
"En pocas palabras, una ley que promueva la libre competencia y que no castigue el desarrollo legítimo de las empresas que al innovar, y por su mismo crecimiento natural, ganan terreno en los mercados; que no se sancione a las empresas por su tamaño, sino por su comportamiento irregular en los mercados" precisó.
En lo que corresponde al sector de las telecomunicaciones, las nuevas leyes deberán promover la competencia en el sector siempre en beneficio de los consumidores, será particularmente determinante, que el nuevo marco jurídico sea promotor de inversiones en esta industria, sobre todo a través de un proceso trasparente de licitaciones que nos permita tener nuevos instrumentos de mayor apertura, en beneficio del consumidor, y por tanto en beneficio del costo país, añadió
Dijo que en esos dos casos, es importante que se fortalezcan los órganos reguladores, cuidando siempre reducir al mínimo, los riesgos que supondrían acciones discrecionales, es decir, reglas claras para todos los jugadores, límites definidos y consecuencias también definidas.