La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados demandó a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, "a la brevedad atiendan a los defraudados por Ficrea, ya que deben de pagar los errores de sus empresarios consentidos en el objetivo de apoderarse del gran mercado que resulta ser el ahorro popular".
Desde la Cámara de Diputados "demandamos enérgicamente que la CNBV sancione a la banca comercial que congela las cuentas de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), y que facilita la posibilidad de engaño a ahorradores como los de Ficrea, declaró la presidenta de esa Comisión, Alliet Bautista Bravo.
Explicó que "el fraude a los ahorradores de FICREA se debe a que la Secretaría de Hacienda y la CNBV apoya más a los empresarios privados que a las cooperativas".
Por ello, demandaron a ambas dependencias federales "una reforma financiera social responsable que brinde a los verdaderos organismos del sector social, las SOCAPS, condiciones de equidad, seguridad y certeza que permita elevar el desarrollo económico del país y generar los empleos que se necesitan".
"Este caso debe obligar a las autoridades a reconocer que las SOCAPS son instituciones que merecen una mayor atención y un mejor respaldo y no deben suponer que las entidades privadas son mejores", insistió.
La legisladora del PRD argumentó que "en los últimos años ha sido ejemplar el desdén e incomprensión que han demostrado las autoridades de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante las demandas de apoyo institucional que han propuesto las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para ajustar su operación a los términos marcados por las autoridades e idealmente para establecer una normatividad adecuada a sus condiciones de operación y garantizar el ahorro de los socios".
"Esta actitud de los funcionarios de esas dependencias quedó patente durante 2013, en la discusión de la Reforma Financiera, cuando el sector cooperativista presentó una serie de propuestas que permitirían mejorar sus condiciones de operación e incluso se presentó una iniciativa para constituir una banca de desarrollo, el banco social, para apoyar al sector y que sirviera como caja de compensación para la operación diaria de las SOCAPS, contribuyendo a la operación formal, legal y normal de estas instituciones del sector social", dijo.
"La respuesta de los funcionarios fue el desdén, que se acerca a la incompetencia. Ni siquiera convocaron a analizar la conveniencia de crear esa institución e insistieron en que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) sería la banca del sector social, aprovechando fondos del Banco Mundial y otros organismos multinacionales".
Planteó que "se ignoraron las diferencias, los funcionarios de Hacienda mezclaron el concepto de banca social con el de Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que son cooperativas, y a empresas privadas. Para lo que ha servido realmente el BANSEFI es para proporcionar créditos clientelares a los maestros del sindicato de Elba Esther Gordillo".
Después, "a principios de este año, cuando se cumplió el plazo para la regularización de las SOCAPS, a duras penas aceptaron una flexibilización temporal para revisar las condiciones de operación de estas sociedades, que requerían apoyo para cumplir las nuevas condiciones de normatividad. Lejos de eso, comenzaron las amenazas y la cancelación ilegal de cuentas por parte de la banca comercial, propiciando la corrida de ahorradores y la suspensión de los procesos de recuperación de cartera", recordó la legisladora.
"Las SOCAPS han logrado sortear algunos de estas dificultades, pero aún requieren que esos funcionarios muestren una mayor responsabilidad. Desafortunadamente, ese desdén reflejó en realidad la incompetencia que se muestra con toda nitidez en el fraude de FICREA, conformada como una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), su figura privilegiada de empresa privada".
Es inconcebible que esos funcionarios hayan permitido un "boquete", como señaló el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), de 2 mil 200 millones de pesos, dijo.
Obviamente, "una vez que ven las consecuencias de su incapacidad, los funcionarios de la SHCP y la CNBV no establecen las condiciones para recuperar los recursos desviados ilegalmente y para sancionar a los empresarios que abusaron de los ahorradores".
Este caso "se debe obligar a las autoridades a reconocer que las SOCAPS son instituciones que merecen una mayor atención y un mejor respaldo y no deben suponer que las entidades privadas son mejores".