Economía

Diputados aprueban modificaciones del Senado a minutas financieras

10 febrero 2014 4:27 Última actualización 29 octubre 2013 18:48

[Con 386 votos a favor, los legisladores pretenden fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos federal y locales / Cuartoscuro]


 
 Notimex
 
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría las modificaciones que el Senado de la República hizo a las minutas que plantean reformas y adicionan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental.
 
 
El pleno camaral avaló en lo general y en lo particular dichas minutas, con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos federal y locales, con 386 votos a favor, 49 en contra y tres abstenciones.
 
 
Esas legislaciones se remitieron al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes, y son parte del Paquete Económico 2014 que entregó al Congreso el gobierno federal el pasado 8 de septiembre, con la propuesta de reforma hacendaría.
 
 
De acuerdo con la Constitución, los diputados y los senadores deberán concluir el proceso legislativo para la Ley de Ingresos de la Federación 2014, que prevé esas legislaciones, con la Ley de Aduanas y el Código Fiscal de la Federación.
 
 
También deberán votar la propuesta de Miscelánea Fiscal aprobada por los diputados, y que este martes será votada en el Senado de la República; la fecha límite que marca la ley para ese proceso legislativo es el 30 de octubre.
 
 
Posteriormente, los diputados revisarán los cambios que los senadores hagan a la minuta de miscelánea fiscal, que contiene la propuesta de aumento de impuestos, e iniciar la propuesta y el dictamen de la Ley de Egresos de la Federación, asunto que sólo compete a la Cámara de
Diputados, para lo cual tendrán como fecha límite el 15 de noviembre.
 
 
Entre los aspectos relevantes de las leyes de Coordinación Fiscal y de Contabilidad Gubernamental que modificaron los senadores y avalaron los diputados, está el que modifica 11 artículos para robustecer los principios de la transparencia y la rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno.
 
 
Lo anterior, para fortalecer los incentivos recaudatorios que deben tener las participaciones federales, tanto a nivel estatal como municipal, sustituyendo el Fondo de Fiscalización por el Fondo de Fiscalización y Recaudación.
 
 
Para ello se considera adecuado que los recursos de dicho fondo sigan siendo equivalentes a 1.25 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP).
 
 
También se plantea establecer que la distribución del Fondo General de Participaciones hacia los municipios deberá atender criterios similares a los que usa la federación para distribuir las participaciones a las entidades federativas.
 
 
Además, precisa que a fin de garantizar la uniformidad de la información en la distribución de los recursos del Fondo General de Participaciones, sólo se considerará el flujo de efectivo de los importes recaudados de los impuestos y derechos locales, que se informarán en los formatos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 
 
También se incluye definir que para el cálculo de la RFP no se incluirá el Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado por los trabajadores de la federación, las entidades federativas y los municipios.
 
 
Se prevé asimismo modificar la fórmula del Fondo de Fomento Municipal, 70 por ciento se distribuirá conforme a los criterios actuales, y el resto se entregará con base en el porcentaje que represente el incremento en la recaudación del impuesto predial.
 
 
Se aprobó derogar la disposición que prevé un destino específico para los recursos que reciben las entidades federativas derivadas de las cuotas aplicadas a la venta final de gasolina y diésel, así como aquellas disposiciones relacionadas.
 
 
Y se reformó el Artículo Cuarto-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para que Petróleos Mexicanos (Pemex) se convierta en sujeto pasivo del impuesto aplicable a las gasolinas y al diésel.
 
 
Elimina que las entidades federativas reintegrarán a la Federación los 2/11 de los recursos referidos para conformar el Fondo de Compensación, toda vez que la SHCP recibirá el pago de dichas contribuciones directamente de Pemex para conformar el fondo mencionado.
 
 
Se avaló incorporar la posibilidad de que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales pueda proponer una reclasificación de los ocho grupos, a través de los cuales se representa a todas las entidades federativas. Dicha reclasificación podrá realizarse cada 10 años.
 
 
En la ley se incluye al presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) como invitado permanente a las reuniones de los funcionarios fiscales.
 
 
También se votó a favor de modificar la forma de distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de 2.5 por ciento a 2.5294 por ciento.
 
 
Otros cambios propuestos y aprobados fueron precisar que la medición obedecerá al uso de estadísticas de carencias de la población en pobreza extrema, publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
 
 
Así como la que se deriva del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) bianualmente y cada cinco años en el caso de los municipios.
 
 
Se propone que todas las dependencias federales responsables de los Fondos de Aportaciones den a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las fórmulas y variables de distribución de los recursos.
 
 
Plantea además la posibilidad de destinar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a la modernización de los sistemas de recaudación locales.
 
 
Asimismo, modifica el programa de gasto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, previa justificación y aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión favorable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 
 
Establece como obligación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) publicar un informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de los estados y sus respectivos municipios, con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social para la medición de la pobreza.
 
 
En materia de financiamiento educativo, se aprobó crear el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que generará un control administrativo de la nómina de los maestros transferidos a los estados, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
 
 
Se precisa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se encargará de establecer un sistema de administración de nómina, a través del cual se realizarán los pagos de servicios personales y en el que las autoridades educativas de las entidades federativas registrarán la información correspondiente de la nómina.
 
 
Dicho fondo incluirá recursos para apoyar a las entidades federativas a cubrir gastos de operación, el cual se actualizará cada ejercicio fiscal, conforme se apruebe en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
 
 
Cabe destacar que se delimita la negociación única salarial para los maestros que ocupen las plazas que fueron descentralizadas a los estados. Finalmente, se definen las reglas de transparencia y de control y fiscalización de los pagos que se realicen por concepto de nómina.
 
 
Se crea el Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, cuyo propósito es apoyar la enseñanza en los estados con más atraso educativo.
 
 
Además de dar consistencia a los cambios propuestos a la Ley de Coordinación Fiscal, y otorgar un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto que se dictamina, para que la SEP concilie con las autoridades educativas de los estados los registros de las plazas que se les transfirieron en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.
 
 
También las plazas correspondientes a años posteriores que sean reconocidas, previa validación de la SHCP; registrar las plazas en el Sistema de Información y Gestión Educativa, e integrar la nómina del personal educativo que ocupe dichas plazas.
 
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