Economía

Deficiencias en procesos de fiscalización abren espacios amplios para la corrupción

12 febrero 2014 4:21 Última actualización 19 junio 2013 16:35

Notimex
 
El proceso de fiscalización superior a nivel local presenta serias deficiencias que abren espacios amplios para la corrupción y discrecionalidad en el uso de recursos públicos.

De acuerdo con el estudio "Auditorías Superiores en México: Evaluación de su Normatividad, Prácticas y Transparencia", la vigilancia del gasto público presenta imperfecciones en términos del diseño del marco jurídico y la práctica.

La directora de proyectos de Competencia y Buen Gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Jana Palacios, enfatizó que "los gobiernos se han acostumbrado a hacer mal uso de los recursos públicos y los ciudadanos a escandalizarse temporalmente, pero sin consecuencias".

Y como ejemplo, refirió, está el preesunto desvío de 4,286 millones de pesos que en conjunto hicieron los últimos gobernadores de Morelos, Tabasco y Chiapas, quienes fueron denunciados por las administraciones actuales.

"Cuando existen amplios espacios a la discrecionalidad los ciudadanos estamos a la merced de los funcionarios. Estoy segura que hay funcionarios que hacen bien su trabajo, pero hay otros que no. En la medida en que acotemos esos espacios lograremos que esos malos funcionarios no entren en el sistema", argumentó.

La directiva destacó que al evaluar el ordenamiento jurídico de las entidades federativas del país en materia de fiscalización, revisar la percepción y experiencias del personal de las ASL y analizar la evaluación de portales electrónicos se encontró que sólo Colima alcanzó una calificación de 98 puntos en una escala de 100.

"En los 3 aspectos que se midieron del proceso de fiscalización los estados que peor salieron fueron Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, pero hay muchos que están a media tabla y se van mezclando en sus resultados", sostuvo.

Por su parte, la profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, Aimeé Figueroa, detalló que de acuerdo con el análisis realizado, sólo ocho entidades del país tienen leyes que no lesionan la autonomía de las Auditorías Superiores Locales (ASL).

"Sólo Coahuila, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas no subordinan a la ASL frente al Congreso en aspectos técnicos, como la selección de auditorías y no impide que ésta elija a los funcionarios que la conforman", indicó.

Asimismo, resaltó que otra de las deficiencias encontradas es la no obligación de los gobiernos a hacer público el proceso y resultados de la fiscalización, aunado a que en la ley no se establece un procedimiento para el manejo de los resultados de la revisión de la cuenta pública.

De acuerdo con Figueroa, se detectó que las auditorías superiores y los congresos locales no son transparentes ni informan a la ciudadanía sobre los resultados en sus respectivos portales electrónicos.

"Otro grave problema que encontramos es que las ASL no publican las sanciones a funcionarios públicos, ni el seguimiento a las mismas en su portal electrónico, información que es importante porque promueve la rendición de cuentas de los funcionarios públicos", abundó.

La especialista agregó que ante este panorama es fundamental que se otorgue plena autonomía a las ASL para decidir sobre su gestión interna y sus resoluciones, dar seguimiento a los resultados del proceso de fiscalización y generar obligaciones para una política de apertura y transparencia en documentos clave.

Asimismo, hacer uso de los portales electrónicos para informar sobre las actividades de fiscalización y guiarse por una política de transparencia basada en la máxima apertura y en la divulgación proactiva de información.