CIUDAD DE MÉXICO.- Si el gobierno tiene que recurrir a recortes presupuestales para enfrentar la baja de ingresos petroleros, tiene que considerar reducir gastos por corrupción y colusión que hay en compras y adquisiciones del sector público, consideró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Esto, porque hay evidencia que en las compras existen sobreprecios de 37 por ciento, lo que resulta en pérdidas anuales de casi 124 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, dijo que también es fundamental trabajar en medidas fiscales y de políticas públicas, para reactivar el consumo que ha permanecido débil, esto sin afectar la estabilidad macroeconómica.
En su mensaje semanal, mencionó que las condiciones estructurales macroeconómicas no dan pie a riesgos de enfrentar en el corto plazo situaciones graves por una depreciación más pronunciada del peso, sin embargo dijo que " subsiste la necesidad de tomar decisiones, hacer ajustes y acometer cambios importantes, con oportunidad, profundidad y suficiencia, para despejar esos escenarios en el mediano plazo, apuntalar el gran proyecto reformador que México ha iniciado y romper con la inercia de bajo crecimiento".
CUATRO ASPECTOS CLAVE
Para que el país pueda despegar en 2015 requiere de cuatro aspectos: estado de derecho, inclusión social, desdoblamiento de las reformas estructurales y un mercado interno fortalecido, advirtió Rodrigo Alpizar Vallejo.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (Canacintra), dijo que se requiere pasar de una estrategia de crecimiento hacia afuera por la vía de las exportaciones, sujeta a estacionalidades y a la dinámica de reindustrialización de Estados Unidos.
Expuso que si bien esas son las grandes metas para catapultar el potencial competitivo de México hacia el 2030, "es muy necesario que la concertación de acciones entre el sector productivo y los hacedores de políticas públicas establezcan desde las leyes pertinentes compromisos, responsabilidades, objetivos y sanciones".