CRE aprueba 33 permisos para almacenamiento de energéticos

De los 33 proyectos de almacenamiento y distribución de petrolíferos que está analizado la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 24, es decir, el 72 por ciento, ya cuentan con el permiso del órgano regulador, mientras que los nueve restantes (28 por ciento) se encuentran en etapa de evaluación, reportó el órgano regulador.

"Se está logrando tener mayor capacidad de almacenamiento en el país y eso va a propiciar una mayor competencia", aseguró Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la CRE durante un evento privado.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), hasta el 4 de abril contaban con el permiso de la CRE sólo 17 proyectos de almacenamiento y distribución de petrolíferos que en su totalidad suman una capacidad nominal por 24.5 millones de barriles.

Dentro de los proyectos que ya tienen licencia, destacan los de Avant Energy, Grupo R Terminals en Altamira y Reynosa, Tamaulipas respectivamente, así como el de Invex Infraestructura en el Valle de México, Hidalgo; Enermex Logística y Terminales en Axapusco, Estado de México o el de Hydrocarbon Storage Terminal en Acolman también en el Estado de México, la cual de acuerdo con Novani Clemente Mateos, directora adjunta de la empresa, se prevé arranque operaciones en 2020.

A diferencia de otros países como Estados Unidos donde por ley debe tener 90 días de abastecimiento, México posee únicamente tres días de inventario.

Frente a esta situación la Sener, mediante la Política de Almacenamiento de Petrolíferos promueve el desarrollo de nueva infraestructura para garantizar el abasto de combustibles en el país.

"Nuestra propuesta establece una obligación a los comercializadores de estos productos (gasolinas, turbosina o diésel) de contar con un inventario estratégico para que en caso de emergencia se pueda utilizar y tener capacidad de respuesta", explicó Rosanety Barrios Beltrán, Jefa de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial.

La meta que establece esta política es que el país pase de tres a cinco días de inventarios en 2020 y este número suba de 10 a 13 días para 2025.

Disposiciones de impacto social

A cuatro años que las leyes que regulan la apertura energética establecieran como mandato la evaluación de los impactos sociales de los proyectos, el pasado viernes se publicó en el Diario Oficial la guía y el formato para su presentación.

Edgar Alvarado, de Ombudsman Energía México, señaló en entrevista que el objetivo de dichas disposiciones es incluir a las comunidades en el desarrollo de los proyectos para que tengan una implementación más armónica.

Ante el atraso reconoció que hay un problema con los proyectos que ya fueron aprobados.

Los desarrolladores entregaban un estudio de impacto social, pero no tenían que cumplir con los requisitos que ahora se están estableciendo en las disposiciones.