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Por sus efectos redistributivos progresivos, la reforma hacendaria y de seguridad social cuenta con un perfil social que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales en donde pagan más los que más tienen, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el Informe Semanal de su Vocería señaló que, respetando los compromisos establecidos en el Pacto por México, el presidente Enrique Peña Nieto presentó las iniciativas que componen la reforma hacendaria y de seguridad social.
Éstas incluyen una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 4 y 123; la propuesta de creación de cuatro leyes; abrogación de dos leyes existentes, y modificaciones a 15 ordenamientos legales, añadió.
Expuso que la reforma hacendaria y de seguridad social busca cumplir con tres objetivos: crear una nueva red de protección social universal que nos permita migrar de un enfoque asistencialista a uno de exigibilidad de derechos.
En segundo lugar, un sistema tributario más justo, más simple, más progresivo y más transparente y; finalmente un impulso al crecimiento económico, refirió la dependencia federal.
Sobre la reforma para la seguridad social, la SHCP apuntó que la introducción de una red de protección social que garantice un ingreso básico a todos los mexicanos durante la vejez, así como acceso efectivo a servicios de salud de manera oportuna y con calidad es prioritaria.
Ésta abatirá los incentivos de permanecer en la economía informal y propiciará que los ciudadanos enfoquen sus esfuerzos en el desarrollo personal y en la construcción de un México más productivo, mencionó.
Indicó que con la finalidad de proteger los derechos de los adultos mayores y como parte de la Reforma para la Seguridad Social Universal, se presenta la iniciativa de reforma al artículo 4 de la Constitución, que busca garantizar una Pensión Universal que cubra los gastos básicos durante la vejez.
Expuso que en México, dos terceras partes de las personas mayores de 65 años nunca han cotizado en el sistema de seguridad social y 37.6 por ciento de ellas no recibe ningún tipo de pensión.
Este problema tiende a agravarse, ya que actualmente la población de adultos mayores representa 6.0 por ciento del total, pero para el año 2050 esta proporción se habrá incrementado a 16 por ciento, lo cual representa un reto social significativo.
Como parte de la propuesta, podrán solicitar la Pensión Universal, a partir de la entrada en vigor de la Ley, todos los mexicanos residentes en el país, mayores de 65 años, con los requisitos que establece la propia iniciativa de Ley.
El monto mensual de la pensión universal tenderá a converger con el monto de la Línea de Bienestar Mínimo que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y será actualizado anualmente conforme a los niveles de fluctuación de la inflación, detalló.
Por otro lado, la Secretaría de Hacienda comentó que México es el único país miembro de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no cuenta con un programa de seguro de desempleo.
Destacó que su implementación ofrecería protección a la economía de las familias, además de que evitaría que la ausencia de ingresos en el hogar llevara a los trabajadores a aceptar empleos menos productivos dentro del sector formal o informal.
Por ello, la propuesta del Ejecutivo busca garantizar que los trabajadores del sector formal que pierdan su empleo cuenten con un seguro que les provea de ingresos de manera temporal y les permita reinsertarse al mercado laboral formal lo más pronto posible.
Según la propuesta, todas aquellas personas que pierdan su empleo en el sector formal, podrán acceder a esta prestación, independientemente de la razón por la cual hayan quedado desempleados, y la duración de este beneficio se limitaría a un máximo de seis meses y disminuirá conforme avance el periodo de desempleo.
Adicionalmente, para recuperar el sentido original de nuestro sistema tributario y del ejercicio del gasto público para que sean equitativos, redistributivos y justos, la Reforma Hacendaria se ha diseñado entorno a los siguientes seis ejes.
Estos son: Una reforma justa; simplifica el pago de impuestos; promueve la formalidad; una reforma verde y de salud; promueve la transparencia del gasto; y fortalece a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Entre estas propuestas está la de mantener tasa cero de IVA en alimentos y medicinas; eliminar de la tasa diferenciada en la frontera, y así como quitar exenciones sobre: colegiaturas en escuelas privadas, pago de intereses en las hipotecas y servicio de transporte público foráneo de pasajeros.
En el ISR empresarial, propone acotar tratamientos especiales como: deducción inmediata de inversiones, límites a deducciones por automóviles y aviones, operaciones con partes relacionadas, consumo en restaurantes, remuneraciones exentas para el trabajador.
En tanto, en el ISR personal se plantea establecer un límite global a las deducciones personales: dos salarios mínimos o 10 por ciento del ingreso; un nuevo escalón en el ISR con una tasa de 32 por ciento para ingresos mayores a 500 mil anuales, e impuesto de 10 por ciento a las ganancias de capital y dividendos, entre otros cambios fiscales.
A través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, abundó, el gobierno propone destinar mayores recursos a programas que impulsen la educación y la inversión en infraestructura.
Señaló que ante la desaceleración registrada en el país durante la primera mitad del año, y gracias a la disciplina fiscal y al manejo de las finanzas públicas de los últimos años, la hacienda pública tiene el espacio y la flexibilidad necesaria para implementar las medidas contracíclicas requeridas para estimular a la economía.
Por ello, mencionó la Secretaría de Hacienda, el gobierno del Presidente de la República propone la implementación de un Programa de Aceleración del Crecimiento.
Este programa consta de un impulso Fiscal con un déficit de 0.4 por ciento del PIB para 2013; programas de aceleración del gasto por 27 mil millones de pesos, y regla de balance estructural.
Además, ancla fiscal de mediano plazo con base en los Requerimientos Financieros del Sector Público; simplificar el régimen de ingresos excedentes y fondos de estabilización; y programas de impulso al crédito a vivienda Pymes y gobiernos locales a través de la banca de desarrollo.
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