CIUDAD DE MÉXICO.- Si los implicados en los actos de colusión contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2003 y 2006, los hubieran cometido bajo la nueva legislación de competencia, habrían alcanzado incluso penas de cárcel por estos hechos, además de sanciones más altas par a las empresas; lo que muestra en cierta forma lo frágil que era la antigua ley en la materia.
"Muchas empresas consideraban entonces que incluso cuando la comisión los sancionara, valía la pena cometer la práctica. Ahora creo que ya no sucederá, porque además de que podemos multarlas por el 10 por ciento de sus ingresos, corren el riesgo de enfrentar cargos penales", dijo el titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Carlos Mena.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la investigación y resolución de un caso que inició la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) por prácticas monopólicas absolutas en la venta de insulina entre el 2003 y 2006, este miércoles, al avalar las pruebas que presentó el otrora regulador antimonopolios para inculpar a seis farmacéuticas y ocho personas físicas de coludirse para repartirse las adjudicaciones de contratos para abastecer al instituto.
Pero el máximo tribunal pidió a la Cofece, que sustituyó a la CFC desde 2013 como consecuencia de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, recalcular las multas impuestas por casi 151 millones de pesos a los infractores, por lo que es probable que éstas disminuyan.
"Este caso es uno de los que se demuestra que las sanciones de la ley en ese momento no eran suficientes", reflexionó el funcionario.
Mena cree que, a pesar de estas bajas sanciones, la investigación de la extinta CFC permitió al IMSS a contar con un mejor sistema de licitaciones que abrió los concursos a las empresas extranjeras, además de consolidarlas para evitar que existiera información dispersa.
CANIFARMA, SIN CAMBIOS TRAS IMPUTACIÓN A MIEMBROS
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) dijo que no ha realizado cambios en su proceder ni en sus códigos de ética tras los hallazgos de que farmacéuticas pertenecientes al organismo usaron este espacio para coludirse.
"Las empresas no pueden compartir precios por Ley de Competencia Económica desde hace 10 años. Cada empresa en su momento decidió tomar las vías legales que consideró pertinentes, no hubo una acción como cámara por lo mismo, porque eran unas cuantas empresas, y pues son temas legales que las empresas en lo particular afrontaron", aseguró el director general del gremio, Rafael Gaul.
La Cofece usó las listas de conversaciones que se dieron entre los representantes de las empresas involucradas días antes de las licitaciones cuestionadas, lo que ayudó a robustecer las pruebas en contra de las farmacéuticas Baxter, Fresenius, Cryopharma, Eli Lilly, Pisa y Probiomed.
"Lo de las llamadas es interesante porque pudimos ver en que se aproximaba el concurso y éstas se incrementaban", apuntó Carlos Mena.
Pero el directivo de la cámara sostuvo que, a pesar de la resolución de la SCJN que no desvirtúa las pruebas de la extinta CFC, no se puede comprobar que estas pláticas existieron al interior de la CANIFARMA. "Es una interpretación. No hay ninguna situación que refleje que esto se dio. Son meras interpretaciones, y fue por eso que llegó a la Suprema Corte", aseguró Gaul.
La Cofece señaló que la cámara pudo fungir como un espacio para que las compañías intercambiaran información sobre sus posturas, los que les permitió presentar propuestas similares en varias licitaciones, en diferentes unidades del IMSS, para al final repartirse los ingresos finales de los concursos de manera equitativa.
Esta práctica generó pérdidas de 667 millones de pesos durante los años analizados, aunque las modificaciones en el sistema de compras del instituto generó ahorros por 35 mil millones de pesos entre 2006 y 2009.