Economía

Certidumbre jurídica, clave en el éxito de las ZEEs: Coparmex

El éxito de las Zonas Económicas Especiales dependerá principalmente de que el Estado de Derecho pueda ser garantizado, afirmó la Coparmex, la cual señaló que con éste, las empresas podrán instalarse y comenzar a generar empleos.

En el objetivo de revertir las condiciones de desigualdad de las diferentes regiones del país, el éxito del proyecto de Zonas Económicas Especiales dependerá en buena medida de que se garantice el Estado de Derecho a los empresarios para que decidan aprovechar las condiciones especiales que se diseñaron en la ley recién promulgada, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"El sector patronal confía en que los gobiernos estatales ofrecerán incentivos para las inversiones, con certeza jurídica, de manera que una vez aprobada la legislación reglamentaria y se expidan los decretos correspondientes, puedan constituirse en forma ágil las empresas que proveerán empleos y oportunidades, que permitan construir los cimientos del desarrollo futuro en el sur de México", señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la confederación a nivel nacional.

La Coparmex apoya esta iniciativa del Presidente de la República al propiciar un desarrollo más incluyente, que es precisamente una de las propuestas que ha venido impulsando el sector patronal.

"Coincidimos con la visión de que no puede haber dos Méxicos: el de las oportunidades de desarrollo, prosperidad y bienestar en las entidades del Centro y del Norte que crecen a tasas de dos dígitos; y los estados del sur-sureste, donde la informalidad alcanza hasta el 80 por ciento de la población ocupada y donde algunos estados reportan tasas de crecimiento negativas", señaló.

El representante patronal manifestó el interés del gremio por las ZEEs, siendo una oportunidad para replicar las experiencias que se han creado en otros países bajo este modelo, donde se ha observado un éxito comercial sin precedentes y destacó que en la fase de instrumentación de la nueva ley, con las ocho medidas inmediatas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, requiere la colaboración de los tres órdenes de gobierno, el Poder Legislativo, los empresarios y de toda la sociedad.

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