Jeanette Leyva / Rivelino Rueda
El nuevo marco jurídico para establecer candados y alertas para contratar deuda por parte de estados y municipios dio su primer paso en el Senado de la República, al ser aprobado por el pleno en primera lectura el proyecto de ley.
De esta forma, el martes próximo la iniciativa en materia de responsabilidad y disciplina financiera será analizada, discutida y votada por el pleno de la Cámara alta. El dictamen de la nueva ley que controlará el endeudamiento de estados y municipios fue aprobado ayer en sesión extraordinaria por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y Hacienda y Crédito Público del Senado.
Estas reformas son en materia constitucional y le otorgan nuevas facultades al Congreso de la Unión para legislar en ese tema.
Además, dotan al Senado de facultades para que pueda opinar o, en su caso, objetar sobre la contratación de deuda que realice una entidad que enfrente problemas financieros y que busque cobijarse bajo el mecanismo de deuda estatal garantizada (DEG).
El proyecto de reforma constitucional introduce la figura de DEG como un mecanismo de reducción del costo financiero de entidades altamente endeudadas para reestructurar con aval de garantía federal, previa solicitud y firma de convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este mecanismo estará limitado por un monto de 3 % del PIB y será de aplicación gradual a tres años, en función de los resultados de ajuste de las finanzas públicas de la entidad.
Los estados y municipios tienen derecho a utilizar la DEG hasta por un límite de las participaciones federales e ingresos propios, que se prevé será de 75 %.
De acuerdo con información de la SHCP, el saldo de las obligaciones financieras de los estados y municipios representó 2.9 % del PIB estatal, en promedio nacional, al cierre de 2012.
Coahuila es la entidad más endeudada, con 7.7 % del PIB estatal, seguida de Quintana Roo y Nayarit, con 7.1 % del PIB local, en ambos casos.
Registro único
Los cambios constitucionales permitirán sentar las bases para establecer una Ley General de Responsabilidad Hacendaria y Deuda, ya que faculta al Congreso para expedirla y lograr con ello el manejo sostenible de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno.
Entre las reglas aprobadas se encuentra que la SHCP tendrá nuevas facultades; una de ellas será tener un registro único de la deuda de las entidades subnacionales.
Este registro servirá para crear un "sistema de alertas" para evitar el sobreendeudamiento de las entidades.
La contratación de la deuda también estará sujeta a la aprobación de las dos terceras partes de cada Congreso estatal y ya no por mayoría simple, y en ningún caso podrá ser para cubrir gasto corriente.
El nuevo marco jurídico que se plantea limita el endeudamiento de corto plazo y obliga a las entidades a que estos créditos queden liquidados antes de que concluya la administración, de lo contrario serán sujetos a sanciones. Para evitar contratiempos se establecieron en los artículos transitorios periodos de ajuste.
Los senadores buscan avalar que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice de forma posterior la deuda, las garantías otorgadas por el gobierno federal respecto de empréstitos de las entidades federativas y los municipios, así como las condiciones de contratación y destino de los recursos de los créditos que cuenten con garantía federal.
También se establecerán sanciones a los funcionarios, que serán canalizadas en la ley anticorrupción, que igualmente se diseña en el Senado.
Con información de El Financiero Diario.
Economía