El gobierno argentino se fijó como meta reducir en un punto el déficit primario equivalente al 5.8 por ciento del PIB y confía en poner fin al largo litigio con acreedores de su deuda impaga desde 2001 que le reclaman unos 10 mil millones de dólares, anunció este miércoles el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay.
"Heredamos una situación complicada", admitió Prat Gay en una extensa conferencia de prensa que ofreció para informar sobre los datos de la economía en el último año de gestión de la presidenta Cristina Fernández y los objetivos fijados para el primero del gobierno de Mauricio Macri.
"El déficit primario representa al 5.8 por ciento del PIB, el más alto de los últimos 30 años. Lo tuvimos en el año en que la recaudación fue récord en 200 años de historia", explicó Prat Gay. "Vamos a hace todo el esfuerzo posible para bajar el déficit un punto en 2016", agregó.
Para el ministro "en los últimos años, el kirchnerismo hizo un derroche de recursos" y apuntó que el análisis de las cuentas públicas arrojó "una deuda flotante de 100 mil millones de pesos (7 mil 100 millones de dólares). Deudas con proveedores, con organismos, son paga-dioses que tienen que estar incluidos en la cuenta".
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Argentina cerró el 2015 con una inflación cercana al 30 por ciento, la más alta de la región después de Venezuela, confirmó el ministro.
El gobierno ha iniciado una revisión del cuestionado método de medición de la inflación que desde 2007 aplicó el kirchnerismo y cuestionado por su falta de rigurosidad desde analistas hasta el Fondo Monetario Internacional.
Si bien en el último año de gestión Fernández avanzó en un sinceramiento de las estadísticas, el gobierno de Macri anunció que por los próximos meses no difundirá cálculos de inflación y otros índices hasta no se normalice el funcionamiento del organismo encargado de las mediciones.
Prat Gay, no obstante, dijo que para 2016 se estima una inflación de entre 20 y 25 por ciento, y que el gobierno tiene el compromiso de que en 2017 se ubique entre el 12 y el 17%, para concluir la gestión en 2019 "con una inflación de un dígito".
El mismo día que en Nueva York funcionarios del nuevo gobierno argentino se encontraban cara a cara por primera vez con los representantes de fondos de cobertura estadounidense que demandaron al país por títulos de deuda impagos desde 2001, Prat Gay oficializó que el costo de esta demanda para el país asciende a unos 10 mil millones de dólares.
Argentina reestructuró el 97 por ciento la deuda de 100 mil millones de dólares que declaró en cesación de pagos en 2001. Parte de los acreedores que no aceptaron la quita de capital accionaron en un tribunal de Nueva York, que hace dos años condenó a Argentina a pagar mil 500 millones de dólares. A ellos se sumaron luego nuevos demandantes, que incluido los intereses llevan a la cifra difundida por el ministro.
"La basura no es nuestra pero no tenemos problemas de empezar a limpiarla. El juicio en Nueva York es parte de la basura", dijo el funcionario, quien cuestionó duramente al anterior gobierno por su negativa a resolver el pleito que, a su entender, le hubiera ahorrado al país varios miles de millones de dólares.
Si bien el gobierno argentino tiene voluntad de cerrar el pleito, Prat Gay adelantó que no están dispuestos a pagar lo que piden los llamados "fondos buitres".
"De la sentencia, 30 centavos con capital original y 70 son intereses. Dependiendo del bono, el capital original es de cinco centavos y los intereses 95. A mí eso no me parece justo. Esto es lo que queremos discutir rápido y pronto", aseveró Prat Gay.