Las nuevas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) no podrán contratar préstamos, ni para inversión productiva.
El Artículo 61 del anteproyecto de la Constitución de la CDMX apunta a que en ningún caso las alcaldías podrán contraer deuda ni indirectamente obligaciones o empréstitos.
No obstante, esta nueva legislación contraviene el Artículo 117 de la Constitución que indica el derecho de los municipios a contraer deuda siempre que se dediquen a inversión productiva.
"Si se publica y aprueba el anteproyecto como está, los alcaldes -ahora delegados- o persona interesada, podrían promover una controversia constitucional, pues lo que se propone contraviene a la Constitución Federal. Hay varias controversias constitucionales promovidas en los estados y municipios por personas que consideran que se están violando sus derechos; pero, eso tendría que ser hasta que esté aprobada y publicada", dijo Víctor Lamoyi, consultor en finanzas públicas.
Por su parte, Kristobal Meléndez, investigador del Centro de Investigación y Económica y Presupuestaria (CIEP) indicó que aprobarse el anteproyecto como está, "sí podría ser una desventaja frente a otras alcaldías".
Sin embargo, expuso que no habría una afectación real pues actualmente éstas no emiten deuda "y las delegaciones están conformes con ello; reciben recursos del gobierno Federal y del estatal".
Agregó que los recursos que la Ciudad obtiene vía deuda son aprobadas por el gobierno Federal y el gobierno local lo reparte a las delegaciones, de acuerdo a sus proyectos, por ejemplo la línea 12 del Metro que abarca varias delegaciones (que se convertirán en alcaldías).
"-Las delegaciones- no pueden contratar deuda, sin embargo tienen una mayor coordinación en el cobro de impuestos y en la repartición de los recursos", dijo Meléndez.
Apuntó que el que las delegaciones no pidan préstamos ha evitado que la deuda de la capital se dispare.
El documento también señala que habrá contribuciones especiales a las actividades que afecten la salud y el medio ambiente y que serán objeto de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso de suelo y del espacio público y edificable.
La Ley de Disciplina Financiera indica que el Congreso seguirá aprobando el techo de endeudamiento de la Ciudad de México, a diferencia de los otros estados, donde la aprueban al menos dos tercios de los congresos locales.