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Amenaza de Trump a Clinton carece de fundamento, pero es peligrosa

Lo que distingue a una democracia efectiva de una de democracia débil o fallida es que los partidos políticos se alternan en el poder sin encarcelar a los oponentes a los que vencen en las elecciones, dice Noah Feldman.
Noah Feldman*
10 octubre 2016 10:48 Última actualización 10 octubre 2016 11:30
Donald Trump, Hillary Clinton

(Bloomberg)

La amenaza de Donald Trump en el debate presidencial de designar a un fiscal especial para que procese a Hillary Clinton por el uso de un servidor privado de correo electrónico carece de fundamento legal, no obstante, es verdaderamente peligrosa.

La normativa federal concede el poder de designación al fiscal general, no al presidente, precisamente para protegernos de un jefe de gobierno que utilice a un fiscal especial como herramienta política.

Lo que distingue a una democracia efectiva de una de democracia débil o fallida es que los partidos políticos se alternan en el poder sin encarcelar a los oponentes a los que vencen en las elecciones.

A veces eso significa pasar por alto una conducta que podría ser delictiva, pero es un sacrificio que merece la pena por el buen funcionamiento de un gobierno republicano.

La ley misma tiene una historia que contar: después de que el presidente Richard Nixon destituyese al fiscal especial Archibald Cox en la 'Masacre del sábado a la noche', un congreso demócrata aprobó la Ley de Ética en el Gobierno de 1978, por la que se creaba un consejo independiente designado por un panel judicial especial, no el presidente.

La ley fue ratificada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1988 tras el disenso del juez Antonin Scalia, el único juez que ha dicho que el ejecutivo era la única rama del Gobierno con capacidad para iniciar una investigación penal.

Pero la ley venció en 1999. Y nunca se renovó, en parte por la percepción de que el fiscal independiente Kenneth Starr había ido demasiado lejos con el procesamiento del expresidente Bill Clinton.

Tras la prescripción de la ley sobre el fiscal independiente, el Departamento de Justicia adoptó una norma formal que regía el nombramiento de fiscales especiales y que continúa en vigor en la actualidad. Según esta norma, es el fiscal general, no el presidente, quien tiene la autoridad legal para designar a un fiscal especial.

Tienen que cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el fiscal general debe determinar que una investigación penal tiene fundamento, y un mandato presidencial no es suficiente.

En segundo lugar, una investigación común debe “presentar un conflicto de intereses” de tal magnitud que el nombramiento de un fiscal especial sea “de interés público”.

El objeto de estas limitaciones es simple: evitar que un presidente utilice el equipo de un fiscal especial como herramienta para perseguir a sus oponentes políticos.

Esto es importante para el buen funcionamiento de una democracia. Como los expertos en Ciencias Políticas han observado desde hace tiempo, la democracia depende esencialmente de la alternancia política: cuando los partidos cambian de lugar después de las elecciones, los ganadores permiten que los perdedores continúen sus actividades, operando desde la oposición, y que puedan volver a alcanzar el poder.

Esta alternancia significa que los ganadores no encarcelan a sus oponentes.

Si lo hacen, o si los oponentes temen ser encarcelados, el incentivo para aceptar la derrota desaparece. En esta coyuntura los perdedores recurrirán a la resistencia popular o a golpes de Estado militares. Esto sólo tiene sentido si los perdedores piensan que no quedarán libres para volver a presentarse como candidatos a la presidencia.

Por tanto, la alternancia es lo que distingue a las democracias estables de otras débiles o fallidas. Procesar a los opositores es el sello distintivo de una dictadura antidemocrática.

Egipto representa un ejemplo reciente y claro: Abdel-Fattah El-Sisi ha procesado implacablemente a los líderes electos a los que desplazó en el golpe de Estado de 2013. Nadie cree en la posibilidad de que los Hermanos Musulmanes vayan a regresar en elecciones futuras. Y nadie duda de que la democracia en Egipto se ha acabado.

Podría parecer algo extremo afirmar que la promesa de Trump de procesar a Clinton supone una amenaza para la alternancia política en Estados Unidos.

Después de todo la democracia en el país es bastante estable. Sin embargo, otros presidentes hicieron todo lo posible por evitar tales procesamientos, incluso hasta el punto de tolerar comportamientos ilegales.

El perdón de Gerald Ford a Richard Nixon es un ejemplo perfecto, pese a que ambos pertenecían al mismo partido. Ford consideró que no se hacía un favor a la república con el procesamiento del expresidente. George W. Bush no procesó a Bill Clinton por perjurio, aunque legalmente podría haberlo hecho.

Y Barack Obama no quiso procesar a funcionarios de la administración de Bush por hechos que posiblemente podrían considerarse tortura.

En cada caso, había otras razones políticas para evitar el procesamiento. No obstante, sin duda, el fundamento principal fue que todos los presidentes quisieron evitar el fantasma del recurso al poder ejecutivo para procesar a opositores o a expresidentes.

Esto muestra que incluso en Estados Unidos el valor de la alternancia democrática tiene un gran peso, más peso que la justicia penal. La amenaza de Trump de encarcelar a Clinton muestra que el candidato republicano no valora la tradición de la alternancia. E incluso si no resulta elegido, ésta es una opinión peligrosa.

Esta columna no refleja necesariamente la opinión de la comisión editorial, ni de Bloomberg LP y sus propietarios, ni de El Financiero

*Noah Feldman es un columnista de opinión de Bloomberg. Es profesor de Derecho constitucional e internacional en la Universidad de Harvard. Trabajó para el jurista David Souter. Entre sus libros se encuentran “Cool War: The Future of Global Competition” y “Divided by God: America’s Church-State Problem -- and What We Should Do About It". 

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