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América Latina necesita más denunciantes

En varios países de la región algunas personas se han mostrado dispuestas a levantar la voz ante hechos ilícitos o actos de corrupción, pero si la población no los alienta o protege, los avances contra estos delitos serán efímeros.
Mac Margolis
28 marzo 2017 17:5 Última actualización 28 marzo 2017 20:50
odebrecht

El escándalo de corrupción de Odebrecht ha sido uno de los más señalados en América Latina. (Reuters)

En América Latina, los negocios deshonestos reciben distintos nombres. Coima, propina, mordida y –mi favorita- “leche para los niños” son algunos de ellos. Cualquiera sea la manera de designar la corrupción, los habitantes de 13 países de América acordaron que es uno de los flagelos más grandes de la región, según la encuestadora Latinobarómetro.

La avalancha de escándalos que arrastran las operaciones de la dudosa contratista brasileña Odebrecht sólo ha cimentado esa convicción.

Decir “basta” a los negocios sucios es una cosa; señalar a los culpables es muy otra. El carácter sistémico del fraude y la corrupción en América Latina desalienta a los no conformistas, y la complicidad de los funcionarios gubernamentales en ejercicio y los ejecutivos de alto rango hace de los denunciantes blancos más vulnerables.

Ya es bastante malo que a los que se hacen oír no se los tome en serio. Pregúntenle, si no, a Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano, quien, en 2001, se peleó con su hijo Álvaro que había lanzado advertencias “injustas y exageradas” sobre las relaciones excesivamente cercanas entre Odebrecht y el entonces candidato presidencial Alejandro Toledo.

El distanciamiento duró años, hasta que Toledo huyó de Perú este año antes de ser acusado de haber aceptado 11 millones de dólares de fondos ilegales de campaña de un enviado de Odebrecht. “Ahora le pido perdón [a mi hijo] por la rencilla y alabo sus sospechas y sentido de la justicia”, escribió hace poco Vargas Llosa en El País.

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alejandro toledo


Algunos individuos se han mostrado dispuestos a levantar la voz o al menos a ser recatados cuando se vislumbran hechos ilícitos o tentaciones. Esa audacia es una señal alentadora en sociedades donde los escrúpulos a veces parecen un lujo y los cargos electivos, una franquicia privada. Sin embargo, a menos que los latinoamericanos puedan no sólo alentar sino también proteger a los contestatarios, esos avances serán efímeros.

Lo que está en juego es considerable, como ha demostrado la última maniobra de prácticas dudosas de los frigoríficos brasileños. El pacto tóxico entre algunos frigoríficos ilegales e inspectores sanitarios presuntamente corruptos podría no haber salido nunca a la luz, y mucho menos estallado en un escándalo internacional, si no fuera por un funcionario público honesto que alertó a la policía federal después que sus superiores del Ministerio de Agricultura hicieran caso omiso de las advertencias que les acercó por canales informales.

El año pasado, la policía caminera mexicana recibió elogios, y no pocos gritos ahogados, cuando detuvo el auto del narcotraficante fugitivo “El Chapo” Guzmán y lo arrestó en lugar de mirar para otro lado y embolsar la diferencia.

Después está el caso de la selección nacional de fútbol de El Salvador, que en septiembre pasado, rechazó y denunció la propuesta de arreglar un partido en la clasificación para la Copa del Mundo. El “no” público del equipo marcó un fuerte contraste con el “sí” colectivo que dio otra escuadra salvadoreña a arreglar un partido en 2013, lo que les valió a los catorce jugadores una prohibición de por vida de practicar ese bello deporte.

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chapo guzmán


Sin embargo, el castigo por asumir esas posturas puede ser grande. Véase el destino que corrió José María Bakovic, exanalista del Banco Mundial y funcionario público boliviano que trató de sanear el corrupto departamento de caminos del gobierno pero se estrelló contra una pared de intereses creados.

Él mismo fue objeto de investigación después que el hombre fuerte populista Evo Morales fuera elegido presidente en 2006. Viejo y enfermo, Bakovic pasó sus últimos años tratando de limpiar su nombre en 72 procesos judiciales en los tribunales de toda Bolivia, hasta que se desplomó después de que se le ordenara presentarse en una audiencia –contradiciendo las órdenes de su médico- en el aire enrarecido de La Paz, la capital del país, situada a 3 mil 600 metros de altura. El médico forense informó que había muerto por una insuficiencia cardíaca; el expresidente Jorge Quiroga definió la causa como “hostigamiento judicial”.

En una región donde la protección de los testigos es frágil y la independencia del poder judicial es una obra inconclusa cuando no una ficción, es un milagro que alguien levante la voz. La falla no es sólo ética sino también institucional.

“En los países en que hay estado de derecho, quienes le dicen ‘no’ a la corrupción tienen posibilidades de triunfar”, dijo el defensor de derechos humanos nacido en Venezuela Thor Halvorssen, de la Fundación de Derechos Humanos de Nueva York. “En el cono sur, los denunciantes son avergonzados y perseguidos”.

Algunos países han hecho que las denuncias de actos ilícitos sean más fáciles. La investigación “Lava Jato” de Brasil, que lleva tres años, ha hecho caer a decenas de ejecutivos y funcionarios públicos, en gran parte gracias a la Ley de Compañías Limpias de 2014, norma inspirada en los Estados Unidos que alentó a las persona a denunciar delitos y permitió a los investigadores reducir las penas a los delincuentes que se retractaron y denunciaron a otros.

Argentina amplió hace poco las protecciones y los beneficios para los ciudadanos que ponen al descubierto la corrupción. Colombia, que hace poco sancionó una ley anti-sobornos, ahora evalúa un proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción. Después de años de escándalos nacionales y resistencia en el Congreso, México sancionará una nueva ley de Responsabilidad Administrativa este verano.

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La creciente integración de América Latina a la economía mundial ha sido útil, en tanto las compañías que hacen negocios en el exterior deben cumplir con acuerdos internacionales anti-sobornos más estrictos, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos y la Ley de Sobornos del Reino Unido.

Como resultado de ello, los entes reguladores estadounidenses reciben informes sobre corrupción de una creciente cantidad de países de toda América Latina, mientras que las denuncias recibidas de Brasil se duplicaron de 2014 a 2015.

No obstante, todavía queda mucho por hacer. Una encuesta de 2016 de Miller & Chevalier, una firma legal de Washington, reveló que, como el 77 por ciento de los entrevistados de 19 países latinoamericanos tenía poca confianza en las medidas contra la corrupción, la mayoría pensaba que denunciar actos ilícitos era un “ejercicio inútil”.

Eso podría explicar por qué otro contestatario brasileño, Flavio Turquino, dejó silenciosamente su empleo en el Ministerio de Agricultura cuando se enteró de un plan de sobornos vinculado al legislador caído en desgracia Eduardo Cunha, que fue destituido y encarcelado por aceptar sobornos y tráfico de influencias el año pasado en el caso “Lava Jato”. Es cierto, Turquino no denunció a Cunha por ese delito, pero al menos dijo que no.

Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial ni la de Bloomberg LP y sus dueños. Ni de El Financiero.

*Mac Margolis escribe sobre temas de Latinoamérica para Bloomberg View. Fue reportero de Newsweek y es autor de The Last New World: The Conquest of the Amazon Frontier.

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