El 28 de mayo, dos parejas, una del Reino Unido y otra de Estados Unidos, se presentaron en el mismo apartamento de dos dormitorios en el barrio East Village de Nueva York, cada una con una reserva que aseguraba que el alojamiento sería suyo durante el fin de semana.
Su anfitrión de Airbnb no pudo ser localizado. Un hombre distinto, que accidentalmente había registrado a la pareja estadounidense en el lugar equivocado, bajó para resolver la situación, llevaba una lista con información de quién se alojaba en dónde y cuándo en los departamentos del edificio. Se disculpó por la confusión, dijo que el anfitrión estaba en Israel y reubicó a los estadounidenses en otro sitio un par de pisos arriba.
Los estadounidenses no podían estar más felices. En realidad no eran turistas; sino investigadores privados que realizaban una operación encubierta para demostrar que el anfitrión estaba violando la ley estatal al operar lo que era de facto un hotel.
En la mayoría de las residencias de la ciudad de Nueva York es ilegal alquilar un apartamento entero por menos de 30 días si el anfitrión no está presente o si se está alquilando a más de dos personas. Los investigadores dicen que los datos que recabaron de su visita y los registros municipales demuestran que el anfitrión vive fuera de la ciudad y publicita lo que parecen ser las mismas habitaciones en un sitio web de residencias vacacionales. Han compartido estos hallazgos con los reguladores municipales, quienes dicen que no comentan las investigaciones en curso.
Este tipo de operación es la estrategia base de Share Better, una asociación de líderes de la industria y sindicatos hoteleros con el objetivo de exponer la actividad ilegal en Airbnb. Los líderes del grupo dicen que reducir la presencia de Airbnb en Nueva York, su mayor mercado en Estados Unidos, puede servir de guía para batallas en otros sitios y menoscabar su imagen entre los inversionistas que algún día la compañía necesite cortejar.
"Estamos librando una especie de guerra de guerrillas", dice Neal Kwatra, cuya consultora, Metropolitan Public Strategies, ha sido contratada para encargarse de las operaciones diarias de Share Better. "Queremos reducir de su negocio la parte que oferta viviendas completas, y creemos que podemos hacerlo".
Share Better refleja las quejas de los críticos de Airbnb, entre ellos el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, quien dijo en 2014 que el llamado servicio para compartir alojamiento ha convertido miles de viviendas neoyorquinas en sitios que se rentan por corto plazo de manera ilegal.
Airbnb asegura haber eliminado de su plataforma 4 mil 300 ofertas cuestionables de alojamientos en la ciudad desde finales de 2015 y que muchos de sus anuncios provienen de anfitriones que dependen de la vivienda compartida para pagar su propio alquiler o hipoteca. "Airbnb no tiene forma de saber cuáles son legales o no, porque las leyes son confusas", señala su portavoz, Peter Schottenfels. "Pero suponemos que la mayoría de nuestros listados son legales", agrega, dado que sólo alrededor de la mitad son alquileres de viviendas enteras o completas.
"La industria hotelera y sus grupos cabilderos que usan Share Better para espiar a los neoyorquinos y entregar esa información a los agentes del municipio son una violación preocupante de la privacidad básica", dice Josh Meltzer, jefe de políticas públicas de Nueva York de Airbnb. "La ciudad debe rechazar estas tácticas de espionaje a la KGB versión segunda clase y trabajar con Airbnb para regular de forma sensata la vivienda compartida".
Share Better, financiada principalmente por la agrupación del gremio Hotel Association of New York City y el sindicato New York Hotel and Motel Trades Council de 35 mil miembros, dice que planea gastar más de un millón de dólares este año para eliminar más listados de Airbnb.
Para tal efecto, ha contratado a la empresa investigadora Lemire para que efectúe de tres a cinco operaciones encubiertas cada mes por lo menos hasta final del año. Para elegir los objetivos, el equipo de Kwatra toma datos del sitio web de Airbnb, construye un mapa de listados a partir de las coordenadas aproximadas que el sitio proporciona y explora los perfiles de los anfitriones en busca de señales de que pudieran estar violando la ley.
Los investigadores de Lemire, quienes llevan identificaciones de otros estados y crean perfiles falsos en las redes sociales para disipar sospechas, llevan cámaras ocultas y revisan las habitaciones atentos a detalles (como minibotellas de champú o la ausencia de fotos familiares) que indican que las "casas compartidas" son hoteles de facto. Luego, pasan sus expedientes a la Oficina de Observancia Especial de la Alcaldía, que dice gastar el 95 por ciento de su tiempo tratando de erradicar los alquileres ilegales.
"Les llevamos un montón de pistas para que sus esfuerzos de aplicación de la ley sean más eficientes", dice Kwatra, exdirigente sindical hotelero que también fue jefe de personal del fiscal Schneiderman y asesor del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo (e, irónicamente, de Uber).
Este año, Share Better ha facilitado al municipio expedientes sobre docenas de listados y ha creado un número de atención telefónica que guía a los neoyorquinos en el proceso de reportar sus propias quejas.
El grupo respaldado por hoteleros, creado en 2014 con legisladores y defensores de la vivienda asequible, asegura estar ayudando a que el estado de Nueva York sea un campo de pruebas para acciones anti-Airbnb.
Las restricciones inusualmente severas de Nueva York para los alquileres a corto plazo se endurecieron el año pasado, cuando Cuomo firmó una ley imponiendo fuertes multas a los anfitriones de Airbnb que anuncian ofertas ilegales.
Además de ayudar a impulsar esa ley, Share Better también se atribuye el mérito de haber reducido en un 10 por ciento los listados de viviendas completas que Airbnb publicitaba en Nueva York desde febrero de 2016 a febrero de 2017, de acuerdo con la firma UBS AG.
Desde 2014, el alcalde Bill de Blasio ha cuadruplicado el personal de la Oficina de Observancia Especial, que hasta mediados de 2015 era dirigida por Elan Parra, quien ahora funge como director de Lemire encabezando las operaciones anti-Airbnb.
"Sentimos que definitivamente la ciudad y nosotros estamos colaborando", expresa Vijay Dandapani, presidente de la Hotel Association of New York City. Por otra parte, el director de la Oficina de Observancia Especial, Christian Klossner, dice que aprecia la ayuda de grupos externos.
Julie Samuels, directora ejecutiva de la organización Tech:NYC que representa al sector tecnológico de la ciudad y que tiene entre sus miembros a Airbnb (y a Bloomberg LP, casa matriz de Bloomberg Businessweek), opina que perjudicar a Airbnb significa perjudicar a la industria turística. "Hay algunas preocupaciones razonables, y podemos resolverlas", apunta. "Por otro lado, creo que hay algunos instintos anticompetitivos en juego".
Aun así, los defensores de la vivienda asequible están contentos de tener una ayuda de peso para combatir a Airbnb. "Necesitas todos los aliados que puedas conseguir, y a veces se hacen parejas muy extrañas", dice Jonathan Furlong, director organizador de Housing Conservation Coordinators, una entidad sin fines de lucro que lucha por la vivienda asequible en Manhattan.
El presidente del sindicato hotelero, Peter Ward señala: "Somos un grupo de personas que cumplen las reglas y están luchando contra un asalto masivo de gigantescos intereses monetarios". Los consultores de Kwatra están ayudando a organizar una campaña paralela en Washington y al mismo tiempo asesoran otra en Los Ángeles.
Dandapani comenta que ha sido contactado por líderes de la industria hotelera interesados en montar campañas similares en ciudades como Barcelona y París, donde las propiedades de alquiler a corto plazo también se han incrementado significativamente en los últimos años.
Por ahora, Share Better está probando nuevos mensajes. En una reunión en junio, Kwatra y su equipo discutieron maneras de plantear el relativo secretismo de Airbnb como una amenaza de seguridad, a fin de azuzar a los legisladores para que obliguen a la compañía a entregar las direcciones físicas de todos sus anfitriones en la ciudad.
Airbnb ya lo hace en ciudades como Chicago, donde se le exige por ley, y dice que está dispuesta a proporcionar más información en Nueva York como parte de una reforma más amplia para legalizar más alojamientos.
"Haremos todo para tratar de obtener direcciones físicas. (Que haya una legislación) sería la forma más eficaz de conseguirlo de un plumazo", dijo Kwatra. Dado el estatus de Nueva York como un constante objetivo de varios grupos terroristas y ante los informes recientes de que el autor del atentado en una arena de Manchester se había hospedado en un apartamento de alquiler a corto plazo, los consultores están de acuerdo, a Airbnb le resultaría muy difícil denegar esas direcciones.