El dilema del nuevo presidente
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El dilema del nuevo presidente

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El dilema del nuevo presidente

El nuevo gobierno de López Obrador podría ser pragmático en varios rubros, aunque en otros querrá satisfacer varias promesas hechas a su base más radical.

Enrique Quintana
12/07/2018
logo OPINIÓN
Bloomberg Businessweek

La noche de la elección en la que obtuvo un triunfo arrollador, Andrés Manuel López Obrador pronunció dos discursos. Uno fue en el salón del hotel en el que estaba su ‘war room’, y otro en el Zócalo de la Ciudad de México, ante las multitudes que lo esperaban para celebrar.

En el primero, puso énfasis a su respeto a las leyes, a las libertades, a la disciplina fiscal, a las instituciones. En el segundo, apuntó sobre todo a la ‘cuarta transformación’ de la historia de México (además de la Independencia, la Reforma y la Revolución) que dice encabezar y lanzó promesas y ofertas, como la duplicación y universalización de la pensión para adultos mayores, entre otras.

Vimos las dos caras del personaje. Por un lado, en su búsqueda de generar confianza de los mercados, de los inversionistas, de los empresarios. Por el otro, ofreciendo a sus electores cumplir con sus promesas y expectativas.

¿Por cuánto tiempo AMLO podrá mantener al mismo tiempo estos dos discursos? Esa es quizás la principal interrogante que ha resultado de su elección.

Cumplir con muchas de sus ofertas de política económica y social implica desembolsos de recursos por parte del gobierno. Pero también ofreció no subir impuestos en términos reales. Por eso, hay analistas que ven riesgo de que incurra en una mayor deuda pública y abandone la disciplina fiscal.

Incumplir con sus promesas para evitar incurrir en mayor déficit puede implicar que su enorme base electoral se vea decepcionada pronto y lo abandone.

La administración de López Obrador comenzará el 1 de diciembre con este dilema tan relevante.

La compleja personalidad del candidato ganador impide caracterizarlo solo con un rasgo. Quienes lo ven solo como el populista pierden de vista el pragmatismo que permitió que los mercados financieros vieran sin sobresalto su triunfo.

Pero quienes piensan que solo está allí el político pragmático que buscará la equidad y el combate a la pobreza, ignoran los profundos impulsos populistas y mesiánicos, tan arraigados en la visión de López Obrador.

Esta dualidad de personalidades también se expresa en una conformación heterogénea de su equipo de trabajo. Por un lado, hay pragmáticos que saben lo importante que es mantener la buena disposición de los inversionistas. Por el otro, hay radicales que quisieran que el futuro presidente de México modificara las estructuras de propiedad y poder en el país, sin importar que esto generara un duro enfrentamiento con los inversionistas.

No está claro cómo manejará López Obrador este dilema, pero sí hay algunos signos que apuntan a su estilo de gobierno, por lo menos en el arranque.

Estos señalan que, por lo pronto, en las acciones y declaraciones sustantivas de AMLO, el político pragmático le va ganando terreno al populista.

Eso no quiere decir que deje de emprender algunos de los cambios que fueron ofrecidos durante su campaña y que tendrán un fuerte simbolismo, como el convertir la actual residencia oficial de Los Pinos en un centro cultural abierto al público, o vender el avión presidencial y volar en vuelos comerciales, además de cancelar la pensión de los expresidentes y bajarse el sueldo.

Ninguno de estos cambios, o algunos otros más, tendrán una implicación relevante en las políticas públicas, pero sí generarán un tremendo simbolismo para los electores, quienes podrán observar cómo se cumplen las promesas de campaña.

Sin embargo, los mensajes relativos a política macroeconómica, renegociación del Tratado de Libre Comercio, relaciones con Estados Unidos, entre otros asuntos, indican que habrá elementos de continuidad respecto a las acciones emprendidas por el actual gobierno.

Así, pareciera que la solución al dilema planteado será realizar acciones que puedan ser ofrecidas a la plaza pública, muy vistosas y fácilmente identificables, aunque de limitada trascendencia mientras que, frente a empresarios e inversionistas, se plantea un manejo más ortodoxo de la política económica.

La duda que existe es hasta dónde se podrá respetar esta ortodoxia, pues no están claras las fuentes de financiamiento de los programas adicionales de política social que se ratificaron tras el triunfo, como la duplicación y universalización de la pensión para adultos mayores o los apoyos a los jóvenes.

En su primera conferencia telefónica con inversionistas, Carlos Urzúa, nominado como futuro secretario de Hacienda, ratificó que estiman que en el combate a la corrupción se podrán rescatar recursos equivalentes al 2 por ciento del PIB.

La mayor parte de los expertos ve poco asequible ese porcentaje, por lo que, de contarse con esos fondos para financiar el gasto adicional, podría haber una circunstancia en la que hubiera un déficit mayor en las finanzas públicas.

Esto no podrá ser observado sino hasta que se haga la presentación del paquete económico de 2019, lo cual ocurrirá en diciembre.

La legislación mexicana prevé que el presupuesto de este año asigne una partida para que el equipo de transición del nuevo gobierno pueda funcionar profesionalmente. Así que, aunque se presenten los documentos formales hasta el final de este año, es probable que gradualmente vayan surgiendo mensajes en el curso de los próximos meses.

Sin embargo, se antoja muy complicado que desde el arranque haya un paquete económico que cuente con el sello de la nueva administración, pues la ley mexicana obliga a que sea presentado solo 15 días después de la toma de posesión del nuevo presidente.

Tradicionalmente, el paquete de cada primer año de gobierno tiene ingredientes de continuidad del gobierno anterior, que es el que realmente lo prepara.

En materia del ejercicio del gasto, además, el primer año de gobierno tiende a ser austero simplemente porque los nuevos funcionarios transitan por el proceso de aprendizaje del ejercicio del gasto, que no es trivial en el sector público mexicano, sino bastante complejo.

El nuevo poder legislativo, en el que Morena y sus aliados tendrán mayoría en las dos cámaras del Congreso, arranca sus actividades en septiembre, por lo que las leyes que sean modificadas en el periodo de ese mes a noviembre, aun durante los últimos meses del actual gobierno, también van a ser un signo del sentido que tendrán las políticas públicas de la nueva administración federal.

Por todas estas circunstancias, es muy probable que el López Obrador del primer año de gobierno se limite a emprender reformas que sean fáciles de ejecutar y, como decíamos, de gran simbolismo, dejando para el segundo año de su gestión otras que implican mayores cambios.

Quizás la excepción corresponda a los cambios en la reforma educativa. Es muy probable que desde antes del 1 de diciembre se le quite a la evaluación educativa el carácter punitivo que le dio la legislación vigente. Basta con la modificación de un artículo para realizar ese cambio.

Ya los inversionistas habrán de juzgar hasta qué punto esa modificación cambia la percepción de moderación que hoy han visto en López Obrador. Por lo pronto, la mayoría le ha dado el beneficio de la duda.