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Una reforma inadvertida

Si ya hay un tribunal cuya función específica es resolver conflictos laborales de los organismos públicos, ¿por qué dotar a otro tribunal de las mismas funciones, que además no es un tribunal especializado en conflictos del trabajo, sino electorales?
Leonel Rojo Montes*
28 julio 2017 9:56 Última actualización 28 julio 2017 9:59
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Reforma

El pasado 1° de junio se publicó en “La Sombra de Arteaga”, periódico oficial del Estado de Querétaro, la reforma electoral que será aplicable al próximo proceso electoral que inicia en el mes de septiembre.

No se pretende hacer una revisión a las reformas puramente electorales, puesto que éstas son y serán en los próximos meses, materia de análisis por los expertos en la materia. Sin embargo, existe un apartado en la mencionada reforma que seguramente pasará inadvertida para los estudiosos del derecho electoral, la inclusión de la fracción IV del artículo 10 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, y que se refiere al “Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado”.

La inclusión del procedimiento en cita atiende a otra reforma electoral, la gran reforma del 2014 que dotó de dichas facultades a los tribunales electorales locales por lo que era necesario incluirla en la legislación local, para atender al mandato constitucional.

Existen varios cuestionamientos a la reforma mencionada, pero me referiré específicamente a dos. En primer lugar, ya existe un tribunal en el estado, especializado en conocer de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas del estado y sus trabajadores; el Artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, en su apartado B, reconoce la existencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, cuyas funciones son precisamente conocer y resolver los conflictos entre las entidades públicas del estado y sus trabajadores, incluso actualmente conoce de diversos procedimientos iniciados por trabajadores del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, entonces, si ya hay un tribunal cuya función específica es resolver conflictos laborales de los organismos públicos, por qué dotar a otro tribunal de las mismas funciones, que además no es un tribunal especializado en conflictos del trabajo, sino electorales.

El segundo cuestionamiento se plantea en función de los conflictos que se pudieran suscitar, y de la propia sensibilidad que pudiera tener el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para resolver conflictos laborales; actualmente, de acuerdo a la información visible en la página electrónica del Instituto Electoral, existen 50 plazas de base o 50 empleados cuyos conflictos laborales, en caso de que se susciten, serán ventilados en un tribunal electoral, no laboral, pero esta cantidad de empleados se multiplica al iniciar el proceso electoral, puesto que requieren contratar personal de apoyo, capacitadores y un gran número de personas que colaborarán en el desarrollo del próximo proceso electivo; y cuya contratación, se vislumbra, será bajo algún régimen que simule una relación de trabajo, lo que eventualmente provocará que se multipliquen los conflictos laborales contra el Instituto Electoral, y entonces será el Tribunal Electoral el que resuelva las controversias.

La pregunta es si tendrá la sensibilidad social que requiere un tribunal laboral, o por el contrario, le ahorrará algunos recursos económicos al Instituto Electoral, en beneficio de la democracia, pero en perjuicio de los trabajadores.

*Docente de Derecho Laboral Individual y Derecho Electoral de la Universidad Mondragón México
leonel.rojo@mondragonmexico.edu.mx