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TIIE podría afectar la deuda de SLP en 2017

El secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, no descarta que para 2017 se presente un impacto negativo en la deuda pública del estado, la cual asciende a cuatro mil 236 millones de pesos.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.— El secretario de Finanzas, José Luis Ugalde Montes, no descarta que para 2017 se presente un impacto negativo en la deuda pública del estado, la cual asciende a cuatro mil 236 millones de pesos, esto derivado de los ajustes que se puedan dar a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), generados por la economía nacional.

De acuerdo con el funcionario, se trabaja para que el gobierno de San Luis Potosí cumpla con todos los compromisos que se han adquirido; sin embargo, explicó que desde hace un año la economía a nivel mundial ha sido inestable, lo que ha ocasionado que se realicen ajustes.

"En materia de deuda contemplamos cumplir los compromisos que tenemos, eso automáticamente tendría que generar una disminución; sin embargo, ha habido ajustes a la alza de la TIIE, que es la tasa que marca el comportamiento de los intereses de la deuda pública y eso nos podría afectar de manera negativa."


Dijo que prevén que en este año, el ahorro dado de la reestructuración de la deuda pública a finales del 2015- en donde se incluyeron los créditos otorgados por Banorte por dos mil 246 millones 506 mil pesos y por Santander por mil 439 millones 132 mil pesos- será mayor.

En lo que se refiere al pago de la deuda y en la que se reportó una disminución del 0.6 por ciento, Ugalde Montes comentó que se ha realizado un pago a capital de la deuda, aunque reconoció que no se ha llegado a los niveles óptimos, debido principalmente a los problemas económicos por los que ha pasado el país en los últimos meses.

Sin embargo, resaltó, se ha logrado frenar la contingencia económica gracias a programas en los que se eliminó la sustitución de placas y se dejó únicamente el canje de la tarjeta de circulación, además de poner al día a contribuyentes rezagados, programas de fiscalización, pero sin que estos constituyan un mecanismo de acoso fiscal, buscando el acercamiento con contribuyentes para arreglar sus irregularidades.

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