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Residencial Balvanera pagará daño ambiental

La empresa aceptó aplicar más de 10 millones de pesos en reforestación y otras acciones.

QUERÉTARO, Qro.- La empresa Residencial Balvanera deberá someter su proyecto inmobiliario ante la Semarnat y compensar o reparar el daño cometido a un área donde removió vegetación forestal sin contar con los permisos federales, incluso después de que la autoridad le pidió detener la obra.

Esto, en línea con la sentencia dictada por juzgado federal en Querétaro respecto a la acción judicial promovida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La empresa deberá aplicar tres millones de pesos en reforestación; tres millones en la recuperación de un río; dos millones serán destinados al Fondo de Responsabilidad Ambiental, e invertirá un millón más a través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), con el cual se evaluará toda la operación del proyecto mediante auditores externos. Todas las obligaciones de la empresa fueron garantizadas mediante una fianza.

La Profepa impuso sanciones adicionales por un monto de un millón 637 mil 932 pesos.

El conflicto inició en diciembre de 2013, cuando Residencial Balvanera removió vegetación forestal en un predio ubicado en Corregidora sin la autorización respectiva. A pesar de que se le ordenó detener la obra, la empresa no sólo la terminó sino que comercializó los inmuebles .

Ante el reiterado incumplimiento de la empresa y el desacato a las medidas de seguridad ordenadas, en noviembre de 2016 la Profepa aplicó el Protocolo de Responsabilidad Penal y Ambiental previsto para estos casos.

Por ello, inició dos procedimientos administrativos sancionatorios, se dio vista al Ministerio Público y, por primera vez en el país, la institución ejerció la acción judicial por daño ambiental prevista en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

El 22 de febrero de 2017 se ejecutó un embargo precautorio ordenado por la autoridad judicial por la cantidad de 48 millones de pesos, correspondiente a un terreno de 86 hectáreas y sus construcciones.

Finalmente, la Profepa y la empresa decidieron utilizaron los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en el título segundo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, por lo cual se aplicaron las sanciones.

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