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Obtiene fianza exvocero de Querétaro acusado de enriquecimiento ilícito

El juez decretó un plazo de 3 meses para realizar la investigación complementaria, tiempo en que se recabarán medios de prueba y realizarán diligencias.
Alan Contreras
25 julio 2017 19:17 Última actualización 25 julio 2017 19:47
fiscal anticorrupción

Fiscal Anticorrupción de Querétaro Benjamín Vargas Salazar. [Archivo]

El excoordinador de Comunicación social en la administración de José Calzada Rovirosa, Abel M., obtuvo una garantía para continuar en libertad el proceso por el que se le acusa de enriquecimiento ilícito, informó Benjamín Vargas Salazar, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Anticorrupción del estado.

Detalló que esta persona está vinculada a proceso y que el juez decretó un plazo de 3 meses para realizar la investigación complementaria, tiempo en que se recabarán medios de prueba y realizarán diligencias.

“El juez decretó medidas que garantizan que la persona no se va a sustraer a la acción de la justicia e incluso está garantizado que legalmente no salga del país; efectivamente depositó una cantidad de dinero determinada por el juez, pero no significa que el asunto haya acabado”, comentó.

La garantía no tiene relación con la reparación del daño al erario y los tres meses de investigación servirán para determinar el monto económico que responde a la afectación a la hacienda pública, dijo.

El fiscal se negó a informar sobre el monto de la fianza y el que corresponde a la acusación de enriquecimiento ilícito, toda vez que este puede cambiar y/o pueden estar involucradas más personas.

Este lunes, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, informó en un comunicado sobre la detención del exfuncionario estatal que además se encuentra inhabilitado del servicio público por una década por haber una diferencia entre su declaración patrimonial y sus ingresos, que determinó la Secretaría de la Contraloría.

En caso de culpabilidad por el delito que se le acusa, el ex funcionario estatal obtendría una pena de 3 a 10 años de prisión.

A la fiscalía, dijo, "nos toca investigar y perseguir actos de corrupción…  no nos toca catalogar una administración, nos toca esclarecer hechos”.