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Inhabilitan a 25 funcionarios queretanos por actos indebidos

Veinticuatro de las inhabilitaciones corresponden a exfuncionarios del gobierno de José Calzada Rovirosa, informó la Contraloría estatal.
Alan Contreras
08 septiembre 2016 9:55 Última actualización 08 septiembre 2016 9:57
Contralor querétaro

Alejandro López Franco, secretario de la Contraloría. [Alan Contreras]

En lo que va de la presente administración estatal, la Secretaría de la Contraloría ha emitido 25 inhabilitaciones en contra de exfuncionarios por ejercicio indebido del servicio público.

El titular de la dependencia, Alejandro López Franco, detalló que 24 de las inhabilitaciones corresponden a ex funcionarios del gobierno de José Calzada Rovirosa, de los cuales 11 casos se turnaron a la Fiscalía del Estado, y dos a funcionarios del gobernador Francisco Domínguez Servién.

Destacó que en esta semana se emitirán 4 inhabilitaciones en contra de exservidores públicos que laboraron en las secretarias de Gobierno y Contraloría, así como la Coordinación de Comunicación Social.


Explicó que estas últimas 4 sanciones responden a operaciones de compra– venta que no se concluyeron, inconsistencias en la presentación de declaraciones patrimoniales y la manipulación de datos para aplicación de multas.

Además, la Secretaría de la Contraloría del Estado inició procedimientos de investigación que están en proceso en contra de 7 ex funcionarios públicos de primer nivel, 5 de la anterior administración estatal y 2 de gobiernos municipales anteriores.

Estos procesos se abrieron en contra de exsecretarios, en los casos que refieren al gobierno estatal, y a ex alcaldes y/o ex secretarios, en los que corresponden a los gobiernos municipales.

Alejandro López Franco detalló que aún los exfuncionarios investigados podrán hacer uso de algunos recursos que les concede la ley, como lo es el amparo, para defenderse.

“Con base en los documentos y las aportaciones que ellos hagan tenemos que definir si se aplica la inhabilitación o sanción de otro tipo”, explicó.

La Secretaria de la Contraloría ha aplicado multas y procesos resarcitorios que equivalen a 8 millones de pesos.

Las inhabilitaciones impuestas son equivalentes a 2, 3, 5 y 10 años, en los que las personas sancionadas no podrán ejercer el servicio público en ninguno de los tres niveles de gobierno.

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