Endurecen penas en Guanajuato contra asesinos de policías
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Endurecen penas en Guanajuato contra asesinos de policías

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Endurecen penas en Guanajuato contra asesinos de policías

Se impondrá de 30 a 65 años de prisión y de 300 a 600 días de multa a homicidas de servidores públicos que desarrollan funciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia.

Ramón Caballero
13/04/2018
Actualización 14/04/2018 - 3:39
El endurecimiento de las penas se aprobó por unanimidad en el Congreso de Guanajuato.

GUANAJUATO, Gto.— Por unanimidad fue aprobada en el Pleno del Congreso local la reforma al Código Penal con la cual se impondrá una sanción de 30 a 65 años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien sea responsable de homicidio de servidores públicos que desarrollan funciones de seguridad pública, de procuración o administración de justicia.

Asimismo en el caso de lesiones se aumentará la punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo de la que corresponde por lesiones, cuando éstas sean infringidas hacia estos.

Estos castigos también serán aplicados en casos de homicidio y lesiones contra cónyuges y familiares de estos servidores públicos, ampliando el rango de aplicabilidad respecto a los sujetos merecedores de protección.

Al someterse a discusión en lo general, cuatro legisladores hablaron a favor del dictamen, entre ellos la diputada priista Arcelia María González González, quien solicitó el voto a favor del dictamen argumentando que las sanciones fueron establecidas bajo la razonabilidad y proporcionalidad recomendada para las penas. Asimismo, destacó que con esta aprobación se busca dar un mensaje de defensa del ejercicio de los policías y dar el valor que merece su función.

La diputada panista Libia Denise García Muñoz Ledo señaló que con esta modificación se permitirá castigar con mucho mayor rigor a quienes cometan estos asesinatos, manteniéndolos más tiempo alejados de las calles y castigándolos en forma proporcional a la gravedad del delito, además de dar un mensaje de respaldo a los hombres y mujeres encargados de la seguridad pública y la administración de justicia.

Con la creación de este nuevo esquema de tipo penal, se busca garantizar la vida e integridad de las personas que desempeñan labores de prevención de seguridad, procuración y administración de justicia, dentro de un marco legal que se ajuste a los elementos que permitan el combate a estas acciones criminales.

El diputado Isidoro Bazaldúa coincidió con la aprobación de la reserva, con la cual se avala la aplicación de la pena máxima a quienes atenten contra la vida de un policía por el ejercicio de sus funciones y apuntó que el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de garantizar leyes que coadyuven con la paz social.