Bajío

Cataluña: la nueva crisis europea

Para algunos, la salida salomónica sería promover una reforma constitucional que permita la realización de un nuevo referéndum bajo los canales de legalidad y legitimidad que se han observado en otros países como Escocia en el Reino Unido
Marisol Reyes*
08 noviembre 2017 9:4 Última actualización 08 noviembre 2017 9:7
Puigdemont

Carles Puigdemont.

La declaración de independencia de Cataluña ha sido catalogada como la peor crisis que atraviesa Europa occidental después de la segunda guerra mundial. Tal afirmación no es una exageración si se considera que en nuestra aldea global, los eventos locales tienen cada vez más repercusiones en los asuntos regionales.

Aunque la situación catalana podría caracterizarse como la crónica de una independencia anunciada, sigue sorprendiendo que el Estado español haya subestimado que algún día llegara su cristalización. Los argumentos legales y constitucionales que se han esgrimido contra la ilegalidad de este acto, simplemente no fueron suficientes para detener el movimiento independentista, y los actos de represión policiaca el día del referéndum dañaron profundamente la reputación del poder central español en su capacidad para mantener la gobernabilidad interna.

Desafortunadamente la crisis política española se ha prolongando y entró en una etapa de “internacionalización” con la presencia del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de los ex miembros del Govern de Cataluña, refugiados en Bruselas, Bélgica.

A querer o no, los 28 miembros de la actual Unión Europea han sido arrastrados en una diatriba que despierta una enorme sensibilidad en toda la región ya que actualmente existen movimientos secesionistas en al menos 16 países miembros. La posición oficial de la Unión Europea frente al gobierno español es muy relevante porque sentará precedentes para el futuro manejo de las demandas independentistas en esos territorios.


El dilema que ha traído el caso catalán no es menor. Por una parte los independentistas han argumentado en todo momento que la libertad de manifestación y el derecho al voto son principios fundamentales de cualquier democracia contemporánea. Las limitaciones establecidas en la Constitución española favorables al centralismo político han sido presentadas como un anacronismo que se justificó después de los años de dictadura del general Franco.

Si se extradita a Puigdemont y al resto de sus aliados para su encarcelamiento, se reforzará la imagen de intolerancia y autoritarismo por parte del gobierno español. Sin embargo, por otra parte, si no se procede a detener con firmeza la crisis política actual, se podría correr el riesgo de generar un efecto contagio en otras regiones del continente europeo.

Para algunos, la salida salomónica sería promover una reforma constitucional que permita la realización de un nuevo referéndum bajo los canales de legalidad y legitimidad que se han observado en otros países como Escocia en el Reino Unido. A través de esta fórmula se cumplirían con los cánones democráticos, y a la vez, se daría el espacio para demostrar el nivel de legitimidad real que tienen los separatistas. Sin embargo, en el mundo real y en medio de los galimatías legales y políticos, la ecuanimidad es una cualidad muy poco frecuente.

*Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en Querétaro.

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