Hace unos días se llevó a cabo la sesión en la que se aprobó por parte del Congreso del Estado la eliminación del fuero en San Luis Potosí para los servidores públicos que protege la Constitución General de la República. Este hecho ha dejado una pequeña satisfacción por parte de la sociedad potosina que ve con buenos ojos que los servidores públicos gocen de improcedencia procesal y eviten impunemente que se ejerza la acción penal en su contra durante el tiempo que dura su cargo.
Sin embargo, por lo trascendental que resulta este acto del Poder Legislativo potosino, es necesario analizar más allá de lo que a simple vista se ve, para poder entender si la decisión tomada por el Congreso local basta para desaparecer el fuero en la entidad.
La improcedencia procesal, o como se le conoce coloquialmente "el fuero", está fundamentada en el artículo 111 constitucional e incluye no sólo a cargos de elección popular como el presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, diputados locales, y presidentes municipales, sino también a ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal y consejeros del Instituto Nacional Electoral.
El beneficio que representa el fuero es la capacidad de opinar y decidir por parte de los servidores públicos sin ser castigados, ¿se imaginan a Javier Duarte y a su procurador durante su mandato abriendo expedientes penales a los diputados que opinaran diferente al gobernador?, ¿O a cualquier otro gobernante con instintos dictatoriales queriendo frenar a la oposición por medio de carpetas de investigación?
El más grande ejemplo de la importancia del fuero constitucional podemos verlo en Venezuela con la actitud despótica y dictatorial de Nicolás Maduro que desapareció a la Asamblea al no contar con mayoría y creó una nueva Asamblea a modo; un acto a todas luces impune, ilegal e ilegítimo.
Aplaudo la decisión de la sociedad potosina de manifestarse en contra de los privilegios y la corrupción de unos cuantos, este acto es heroico y digno de reconocerse, sin embargo, es necesario garantizar que la eliminación del fuero no desemboque en actos unilaterales de decisión gubernamental o en solo un truco de 'magia política' para distraer la atención.
Es preciso señalar que para exterminar el fuero no basta sólo con la decisión del Congreso local, pues mientras no desaparezca la improcedencia procesal en la Constitución federal, no es legítimo ningún acto de autoridad que vaya en contra de nuestra Carta Magna.
Lo que quiere decir es que cualquier diputado o alcalde, aun y con la "eliminación del fuero", por medio de un amparo indirecto puede seguir protegido por nuestra Constitución, pues por jerarquía de leyes no hay ninguna norma jurídica que emane de la Constitución federal que pueda ir en contra de ella, esto se conoce como un acto anticonstitucional.
El Congreso local tiene ahora la obligación de demostrar que con la eliminación del fuero no ha repartido sus cartas sólo para intentar salir de la crisis de credibilidad en la que se encuentra la actual Legislatura, pues la sociedad potosina necesita que en el recinto legislativo se toquen los temas de interés público con la seriedad necesaria.
Recordemos que mientras no desaparezca el fuero en la Constitución Federal, la eliminación del fuero en San Luis Potosí, parece sólo una vacilada para calmar a la opinión pública y ganar credibilidad en un campo minado por los propios traspiés de esta legislatura.
Hasta la próxima.
*Regidor en Soledad de Graciano Sánchez, SLP
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