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Vivienda irregular dañada por tormentas será reconstruida

07 febrero 2014 3:48 Última actualización 21 octubre 2013 13:59

[La mayor cantidad de viviendas afectadas en el país están ubicadas en Guerrero, la cifra es superior a 13 mil./Cuartoscuro] 



Claudia Alcántara
 
 
Un total de 20 mil 714 viviendas –ubicadas en 81 municipios– fueron dañadas por el paso de la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, de las cuales cerca del 66 por ciento se localizaron en el estado de Guerrero, informó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), según su censo final.
 
 
Aunque sigue la alerta por el paso del huracán "Raymond" en el Pacífico, la dependencia determinó que 5 mil viviendas serán reconstruidas con recursos del Fonden y Fonhapo, sin importar que se hayan asentado de manera irregular, o los damnificados no cuenten con documentos legales para acreditar su propiedad.
 
 
El titular de la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que sólo en el estado de Guerrero las viviendas afectadas fueron 13 mil 701, de las cuales 6 mil se ubican en Acapulco.
 
 
Hoy, la Sedatu espera presentar su informe final al gobierno del estado de Guerrero y al ayuntamiento del Puerto de Acapulco.
 
 
En entrevista posterior a su participación en el Foro Temático Nacional “La Gestión del Suelo”, el funcionario detalló que aún no se determina cuántas viviendas son irregulares o se ubicaron en zonas de riesgo, pero aseguró que todas serán apoyadas con recursos federales.
 
 
“Una parte de recursos serán del Fonden, pero el presidente dijo que no se discrimine a nadie por no estar regularizado o no tener papeles, y en ese caso entrará el Fonhapo en la reconstrucción de viviendas y Corett en la regularización. Habrá recursos para esto”, dijo Rodríguez Marín.
 
 
Añadió que de las 5 mil viviendas a reconstruir a nivel nacional, 3 mil deberán reubicarse.
 
 
El informe de responsabilidades aún no se ha concluido, expuso, debido a que buscarán concentrarse en la actual contingencia.
 
 
El funcionario añadió que esperarían a que los municipios autentifiquen que existieron o no permisos de construcción y en qué condiciones fueron otorgados, para tener los argumentos suficientes para fincar responsabilidades a constructores de vivienda y gobiernos locales.