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Toca a los congresos estatales regular casinos

12 febrero 2014 5:7 Última actualización 28 marzo 2013 8:2

[Royal Yak Casino en el Hipódromo de Las Américas. Foto: Cuartoscuro]  Los legisladores se pronuncian por hacer una revisión a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 


 
Rivelino Rueda
 
En el espinoso tema del otorgamiento de permisos y la operación de casas de juego en México, el debate presupone actos de corrupción cometidos por servidores públicos, pero nadie da el primer paso para transparentar este tema, coinciden senadores de PRI, PAN y PRD.
 
Por ello, los legisladores de esos partidos se pronuncian por hacer una revisión al marco legal de estos establecimientos, principalmente a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pero también para que los congresos estatales avancen en leyes locales para regular el funcionamiento de estos negocios.
 
Al respecto, el senador del PRI Enrique Burgos García comenta que para que sea nítida la operación de estos centros es fundamental su regulación, y subraya que en esto tienen que participar las tres instancias de gobierno: la estatal, la municipal y la federal, a través de la Secretaría de Gobernación.
 
El legislador queretano destaca que en este debate las leyes que tienen que ser revisadas, para que exista plena transparencia en este marco regulatorio a los casinos, son la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pero también las normas estatales y municipales de seguridad y protección civil.
 
Por separado, el senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, destaca que en este momento no hay una sola iniciativa sobre la mesa en la Cámara alta referente a la regulación de casinos.
 
Y como ejemplo cita el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el tema: "En los casinos no sólo hay opacidad, sino ilegalidad."
 

[Elaboración propia]
 
 
A la defensiva
 
Aparte, el senador del PAN Luis Fernando Salazar Fernández rechaza opacidad en el otorgamiento de permisos a casinos durante los 12 años de gobiernos albiazules.
 
El legislador coahuilense señala que en este tema no debe meterse al mismo costal a los propietarios de los establecimientos que cumplen con la ley: que tienen sus permisos y que cumplen con la normatividad vigente.
 
Sostiene que las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa "se colocaron como el único ámbito de gobierno que transparentó, abrió e hizo pública la información gubernamental para el escrutinio de los ciudadanos".
 
Salazar Fernández acusa a los gobiernos estatales y municipales de conducirse en la opacidad en el tema de los casinos, ya que "existen autoridades en los ayuntamientos y en los estados que conceden licencias mercantiles y uso de suelo a establecimientos que no cumplen con las reglas de operación".
 
Hasta el escándalo
 
En cambio, el senador del PRD, Armando Ríos Piter, apunta que el tema del otorgamiento de permisos a casinos ha resultado polémico en los dos últimos sexenios, sobre todo porque al cierre de sus ejercicios han dejado situaciones que se han "aireado a nivel del escándalo político".
 
Considera que este tema se tiene que revisar, más que en la lógica del "escándalo", en los pros y en los contras de lo que se tiene que hacer en materia de funcionamiento de estos establecimientos.
 
Incluso, el legislador del partido del sol azteca indica que en este tema la ASF va un poco más allá, ya que "no sólo deja dudas en cuanto a las licitaciones que se han otorgado, sino que advierte que toda la estructura institucional tiene graves deficiencias".
 
Recuerda que la ASF destacó que casi el 70 por ciento de los verificadores o auditores encargados de darle seguimiento al funcionamiento de casinos "reprobaron los exámenes" o que "de la verificación que se tiene que hacer a estos establecimientos, apenas se realizó en 20 por ciento de estos centros".
 
¿Desamparados?
 
Los senadores de PRI, PAN y PRD también consideraron positiva la aprobación de la minuta de Ley de Amparo, que establece que no se otorgarán suspensiones provisionales o definitivas a los centros de juego, de no contar con los permisos correspondientes.
 
Alejandro Encinas Rodríguez subrayó que no se justifica "un privilegio adicional a actividades que se fundan en la discrecionalidad e incluso en la ilegalidad".
 
Por su parte, el congresista del tricolor, Enrique Burgos García, aclara: "No es que se le prohíba la suspensión, pero sí se deja al juez de Distrito la capacidad de resolver sobre la viabilidad o no. Es decir, no está obligado el juez de Distrito a emitir esta suspensión", indica.