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Senado exige a Mancera informe sobre combate a delincuencia y narcomenudeo

06 febrero 2014 6:51 Última actualización 15 noviembre 2013 12:21

  [Los senadores señalaron que es "crucial" que dichos funcionarios vengan a explicar la estrategia en materia de seguridad pública,/Cuartoscuro] 


 
Notimex
 
El Senado de la República emplazó y requirió al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a entregar un informe de los resultados en materia de seguridad pública de sus programas.

El informe se le pide que explique las medidas, estrategias y programas que ha implementado para combatir a la delincuencia organizada y el narcomenudeo en la ciudad de México, que en el último se han disparado.

El acuerdo, aprobado por el pleno senatorial y publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que Mancera deberá indicar las estrategias de profesionalización y dignificación de la policía capitalina y si prevén incentivos y capacitación continua para atender situaciones de riesgo y combate a delitos de alto impacto.

En entrevista, la senadora Verónica Martínez Espinoza, integrante de la Comisión de Justicia, expuso que el último año la capital ha pasado de ser una de las entidades con menor índice delictivo a una donde han regresado los asaltos a bancos, han aumentado los robos a cuentahabientes, a residencias, e incluso el secuestro y la extorsión.

"No sólo son casos emblemáticos y muy graves de la inseguridad y violencia en la capital por el secuestro de los jóvenes en el bar Heaven o del ciudadano colombiano secuestrado por policías, sino menores que han sido asesinados por robarles un celular; aumento el robo de vehículos con violencia y el robo a camionetas de valores".

Asimismo, en otro dictamen aprobado, se solicitó al jefe de Gobierno que dé a conocer los avances del programa "Escudo Centro", e invitó a los titulares de la Procuraduría General de Justicia, Rodolfo Ríos Garza, y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Jesús Rodríguez Almeida, a que proporcionen un informe sobre el mismo.

En el documento se destaca la preocupación por la implementación de una "política de negación" ante sucesos que demuestran "la existencia de redes del narcotráfico en lugares tan representativos de la capital como la Zona Rosa".

"Por ello es de alarmarse el hecho de que la delincuencia organizada y el narcomenudeo esté instalándose en zonas de la capital", agrega el documento.

Ante esta situación, los senadores consideraron necesario que las autoridades capitalinas continúen implementando estrategias urbanas para prevenir la instalación de la delincuencia organizada y para el combate al narcomenudeo.

La senadora panista Mariana Gómez del Campo dijo que es "crucial" que dichos funcionarios vengan a explicar la estrategia en materia de seguridad pública, como la llamada "Escudo Centro, tan cacareada en la ciudad y aparentemente tan trabajada con los diferentes gobernadores".

Sin embargo, subrayó, si uno visita su página de internet "te das cuenta que no hay información, que no contamos con la estrategia que se está siguiendo dentro de Escudo Centro o por lo menos con los objetivos que tiene esta supuesta estrategia para combatir la inseguridad en la ciudad".

Refirió que 85 por ciento de los capitalinos considera al Distrito Federal como una entidad insegura, incluso más que estados como Nuevo León, con lo que "ese mito de que es la ciudad más segura, pues ya quedó en el pasado".

Gómez del Campo expuso que en el primer trimestre de 2012 aumentaron los homicidios en 6.3 por ciento, los secuestros en 29 por ciento y las lesiones por arma de fuego en 11.5 por ciento.

Es por eso que hizo notar la necesidad de contar con una estrategia puntual en materia de seguridad y de procuración de justicia, además de que el Senado no puede "quedarse callado ante lo que está ocurriendo en la ciudad".

El Senado también requirió al gobierno local un informe sobre las acciones emprendidas para cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina sobre las sanciones a autoridades y elementos de Seguridad Pública por violar garantías en un dispositivo en la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2012.