Marcela Ojeda
La calificadora Standard & Poor's (S&P) elevó la calificación de deuda soberana de México a largo plazo en moneda extranjera de 'BBB' a 'BBB+', y la de largo plazo en moneda local a 'A' de 'A-' por la aprobación de las reformas estructurales.
En un comunicado, S&P destacó que "la aprobación de la relevante reforma energética, respaldada por algunos cambios en el marco fiscal, refuerza las expectativas de crecimiento y la flexibilidad fiscal de México en el mediano plazo".
"El Congreso y las legislaturas estatales de México aprobaron recientemente una enmienda constitucional con el fin de abrir el sector de energía a la inversión privada. Éste es un momento decisivo para México. El sector de energía ha estado cerrado efectivamente a la inversión privada durante los últimos 75 años. La enmienda requiere la aprobación de la importante legislación secundaria el próximo año y la implementación exitosa de esta reforma en los próximos años será crucial", expuso S&P en un comunicado.
Señaló que los cambios aprobados a la Constitución, incluyendo los artículos transitorios que proporcionan más detalles sobre la apertura del sector, tienen el potencial de atraer importantes inversiones en todo el sector de energía.
"El aprovechamiento del gran potencial petrolífero de México debe impulsar la inversión y el crecimiento en toda la economía; no obstante, también consideramos que no serán perceptibles sus efectos tangibles sobre la actividad económica durante algunos años", indicó.
Añadió la firma que las calificaciones de México reflejan su historial de políticas fiscales y monetarias cautelosas que han contribuido a que el país mantenga bajos niveles de déficits gubernamentales e inflación, además de impulsar la resistencia económica y han contenido los niveles de deuda fiscal y externa. Sin embargo, la restringida flexibilidad fiscal del soberano y la tendencia moderada de la tasas de crecimiento económico han limitado las calificaciones.
"Aproximadamente una tercera parte de los ingresos presupuestales totales del país provienen del sector petrolero, lo que hace al gobierno vulnerable ante la volatilidad de los precios del petróleo y las caídas potenciales en la producción en el mediano plazo. Además, la base tributaria no petrolera es baja, entre 9 por ciento y 10 por ciento del PIB, y durante mucho tiempo ha sido políticamente difícil tratar de ampliarla", explicó.
Archivo