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Ramón, otro defensor de derechos humanos amenazado


 
 
Rosalía Servín Magaña
 
 

Su nombre es Ramón Verdugo Sánchez, pero en Tapachula, Chiapas, es mejor conocido como el hermano Ramón, un religioso que desde hace cuatro años encabeza el albergue Todo por ellos, donde apoya a niños y jóvenes migrantes en condición de calle.
 
 

Sin embargo, hace unos días el religioso se vio obligado a abandonar el lugar debido a las amenazas y hostigamientos sufridos por parte de supuestos policías federales y municipales.
 
 
El hermano Ramón asegura que el hostigamiento ha ido escalando, pues primero eran difamaciones, luego visitas a las personas que los apoyaban para que les retiraran la ayuda, seguido por cancelaciones de suministros alimenticios por parte del DIF estatal "y culminando con el allanamiento, persecución y amenazas de los supuestos policías federales y municipales", explica en una conversación telefónica sostenida con El Financiero desde un lugar lejos de su refugio.
 
 

"Llegaron con armas y se introdujeron al albergue señalando que en el lugar se ejercía prostitución infantil y trata de menores, agrega el hermano Ramón, al recordar los hechos del pasado 27 de julio, cuando esos supuestos policías irrumpieron en el albergue, y amenazaron a los jóvenes con deportarlos y a él le conminaron a que "cerrara la boca, pues de otra forma me iban a hacer daño".
 
 
"Las cosas van a llegar a ser tan grandes como tú quieras. Si no te callas, te vamos a romper la madre", le dijo en esa ocasión a Ramón, uno de los agentes del 'orden'.
 
 

Para este defensor de los derechos humanos las amenazas tienen que ver con las denuncias que "hemos hecho a partir de 2012 —primero con marchas, luego con huelgas de hambre y hasta con actas administrativas— para que cesen las extorsiones, los abusos y la explotación laboral y sexual de las autoridades contra los menores migrantes en situación de calle.
 
 
"Por ejemplo, hicimos una denuncia basada en los testimonios de chicas menores de edad, algunas centroamericanas, que contaron cómo los policías municipales les cobraban cuotas de 300 pesos al día por poder prostituirse."
 

Diversas acciones
 

Dice que para llamar la atención de las autoridades han realizado plantones en diversos organismos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tapachula, así como el Instituto Nacional de Migración (INM), contra el cual levantaron un acta administrativa que pretendían elevar a averiguación previa (que ahora está archivada), por los abusos cometidos.
 
 

Sin embargo, estas acciones de protesta que sólo buscan que las diferentes autoridades cumplan con sus obligaciones básicas, parece que han incomodado a más de uno", agrega.
 
 

El hermano Ramón toma tiempo para respirar y añade: "Yo salí de casa porque se entendía que mi presencia en el lugar les podría traer algún daño a quienes se quedaban, porque yo inicié los procesos de denuncias".
 
 
Explica que casi todos han salido del lugar, salvo un niño que no pudo colocarse y dos colaboradores, por quienes teme más que por él mismo.
 
 

"Lo que pretendemos es que se otorguen las garantías y protección que el comisionado de seguridad nacional instruyó a la Policía Federal, o bien que el refugio sea asegurado o protegido para que pueda continuar su operación", dijo luego de afirmar que el albergue no desaparecerá.
 
 

Informó que en días pasados acudió al Senado de la República y a Gobernación, para solicitar a los legisladores medidas precautorias y de protección, en espera de que le permitan continuar con su labor, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
 
 
El hermano Ramón recuerda los casos del padre Alejandro Solalinde –quien por los mismos motivos tuvo incluso que salir del país-- o el de Fray Tomás González, del refugio la 72 (en referencia a los 72 indocumentados asesinados en San Fernando, Tamaulipas), a quien también han amenazado de muerte. Ramón se inspira en esos dos casos y dice que él también continuará con su labor.
 
 
 
 
 

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