José Antonio Gurrea C. / Enviado
Bernardo Ríos levanta el dedo índice y visiblemente preocupado señala a los enviados de El Financiero las numerosas grietas que de piso a techo atraviesan su humilde vivienda color azul cielo.
A los alrededores, el panorama no pinta mejor: polvo, basura desperdigada por todos lados, remolinos de papeles y tierra, marcos de ventanas desvencijados, y un olor ácido que lo impregna todo, que parece masticarse, que quema los ojos y la garganta. Aquí nadie se queja. Parecen estar acostumbrados.
"Aquí nos vinieron a echar los de Goldcorp, pero ni siquiera se tomaron la molestia de construir bien nuestras casas. Vivimos con miedo. Cualquier día, esto se puede venir abajo", señala don Bernardo, uno de los 29 ejidatarios de Cerro Gordo que hoy tienen en jaque a la principal minera productora de oro, la cual está obligada a devolverles sus tierras, luego de un juicio donde se documentaron abusos y engaños.
En 2005, esta trasnacional canadiense reubicó a los ejidatarios y a sus familias (alrededor de 150 personas) a un lado de la mina, luego de convencerlos de que rentaran sus 600 hectáreas de terreno (asentada en cuatro ejidos, Peñasquito tiene un total de cinco mil hectáreas) por 30 años a 50 centavos por metro cuadrado.
"Nos dejamos envolver. Se aprovecharon de nuestras necesidades y de nuestra carencia de empleos, que son muy escasos en esta región. Durante las negociaciones nos dijeron que nos darían vivienda digna, vías de comunicación, pozos de agua, trabajo para todos, una clínica y una escuela. Puros incumplimientos. Nomás lograron su objetivo y se retiraron. Estamos abandonados", lamenta.
Sin embargo, don Bernardo cambia de semblante y con un dejo de orgullo nos informa que ante la falta de respuestas, con sus exiguos recursos ellos mismos levantaron un pequeño plantel escolar, donde un maestro imparte la educación primaria a los pequeños de la comunidad.
"Vengan, vengan, les quiero enseñar nuestra escuela", nos dice este hombre de 70 años, quien no puede ocultar su satisfacción ante este logro de la comunidad.
Método explosivo
En la zona donde fueron reubicados, no sólo se carece de servicios básicos. A la fecha los ejidatarios no cuentan con escrituras, y el terreno no se encuentra preparado para el cultivo -"otra promesa incumplida"-. Además, de los efectos adversos al medio ambiente, pues Peñasquito es una mina a cielo abierto y su proceso extractivo se realiza en la superficie del terreno.
En su cubículo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el investigador Arturo Burnes Ortiz explica a este diario: "en Peñasquito la explotación se realiza con el sistema de tajo abierto, que consiste en remover terrenos con explosivos y palas mecánicas. Este método ya sustituyó al viejo modelo de pico y pala, y de tiro y socavón.
"Es uno de los más agresivos para el ambiente. Incluso, está prohibido en varios países, pues contamina el aire y provoca el agotamiento del agua. A Goldcorp se le autorizaron ocho pozos de profundidad, pero en la actualidad están explotando 50 pozos, la mitad de los cuales están en Cerro Gordo", asegura.
Los ejidatarios indican que todos los días a las 1:30 de la tarde, la empresa detona cartuchos de dinamita como parte de los trabajos de explotación. "Es una explosión enorme. Hasta se forma un hongo como si fuera una bomba atómica", indica Bernardo Ríos. Eso, sin duda, incrementa el olor ácido que invade todo y sólo desaparece horas después de haber abandonado la zona.
Las consecuencias del deterioro ambiental provocado por Peñasquito han tenido ya resultados tangibles entre los ejidatarios.
"Por la contaminación perdimos cerca de 300 cabezas de ganado. Poco después de la reubicación, los animales comenzaron con mucho moco, se caían y ya no querían pararse. Luego se fueron muriendo poco a poco. Cada consulta nos costaba como 400 pesos, así que mejor decidimos vender las cabezas que sobrevivieron", dice a este diario Francisco Ordóñez, otro de los ejidatarios, quien agrega que antes de que instalaran la mina en el semidesierto era posible hallar venados, tigrillos, víboras y ratas de campo. "Hoy, casi han desaparecido".
También la flora resiente los efectos: en los alrededores de la mina, cactus, lechugilla, biznaga, sotol y palma, entre otras especies, aparecen quemadas por los polvos tóxicos que aquí se respiran día con día.
Lesiva ley minera
Burnes Ortiz explica que la gran minería, tanto nacional como extranjera, ha desplazado a la pequeña y mediana minería. "De hecho, en su último reporte INEGI prácticamente ya no presenta ningún dato de estas últimas", dice el investigador.
-¿Cómo se dio este proceso?
-Las megamineras basan su crecimiento en la ley minera de 1992, expedida cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente. Se trata de una legislación que conspira contra el Artículo 25 Constitucional que determina la regulación de la economía por el Estado, pues en su Artículo 6 esta ley dispone que la actividad minera es de interés público, cuando en realidad es privada, y dispone que ésta es preferente.
"Esto permite que cuando se descubre un yacimiento la minera tiene preferencia sobre todo lo demás y puede agenciarse la tierra, que es originalmente posesión de la comunidad campesina.
"Además, la ley minera dice que las empresas sólo pueden ser sujetas de impuestos por el orden federal, no por los estados y los municipios.
"Este modelo minero no beneficia a las comunidades, como lo hacia el antiguo esquema que producía caminos, transportes, haciendas, bellos edificios, como es el caso de Zacatecas. Los recursos se quedaban en las comunidades".
-¿Hay algún beneficio?
-Podríamos decir que los salarios, sin embargo, tampoco son ingresos que correspondan realmente a la productividad del trabajador.
Tensa espera
En espera de los peritajes, para que el juez del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas determine el monto de indemnización para los ejidatarios, Alfonso Herrera y Hugo Teniente, abogados de los campesinos, se muestran confiados de que la fecha de devolución de las tierras se fije en breve.
"Una vez que nos entreguen las tierras, entonces sí nos pondremos a negociar, pero bajo otros esquemas y con los altos directivos", señala Herrera, quien destaca que en las 600 hectáreas de Cerro Gordo es en donde se encuentra la mina de oro. "Es la joya de corona", agrega.
-¿Qué pasaría en caso de que nos les quieran entregar las tierras?
-Tendría que haber un desalojo por parte del Ejercito, pues como dice la sentencia, por ley los ejidatarios son los legítimos dueños. Goldcorp está imposibilitada para explotar unas tierras que ya no son de ellos. Reiteramos. No queremos estafar a la mina. Sólo queremos justicia.
De acuerdo con un despacho de Bloomberg, Sol Angélica Ferreira Garnica, secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, declaró que la empresa ya ha agotado todas sus apelaciones legales, y ahora sólo falta determinar la indemnización para los ejidatarios.
Sin embargo, en declaraciones a esa misma agencia, Alfredo Phillips, directivo de Goldcorp, aseguró que la minera no ha agotado todas sus opciones legales. No obstante, Phillips dijo que por el momento no podía dar mayores detalles.
Para Burnes Ortiz, investigador de la UAZ, más allá del resultado final, la lección que dejan los ejidatarios de Cerro Gordo es la defensa irrestricta de la tierra, así como la lucha porque efectivamente una parte apreciable de la riqueza extraída quede en la propia comunidad.
"Creo que si no nos vamos a los extremos la gran pregunta es cómo salir bien librados todos, incluida la compañía. Considero que se puede ser socialmente responsable, teniendo respeto por la comunidad y que de alguna forma una parte importante de la renta minera quede allí en forma de gasto social. Eso es simplemente justicia distributiva", dijo.
Información proporcionada por El Financiero Diario.
Archivo