Sandra Marina
Las amorosas frases de despedida a familiares y amigos muertos están casi ilegibles. El tiempo se ha encargado de borrarlas y de arrancar los retratos de algunos de los 37 trabajadores que no sobrevivieron a la explosión que hace seis meses se registró en el Edificio B2 del complejo administrativo de Pemex, y que fueron colocados en su memoria en la reja de este centro de trabajo.
Aunque 'marchitamente' sigue en pie el altar, del cual destaca un crucifijo de aproximadamente un metro de altura, es casi imposible descubrirlo entre las decenas de puestos tubulares que se instalan todos los días 'hábiles' en la acera de la calle Bahía de San Hipólito.
Un racimo de flores secas que miran hacia el suelo acompaña la foto de Eva Melchor, extrabajadora del área de Recursos Humanos. A decir de la encargada del puesto de discos piratas, es una mujer la que no olvida llevarlas cada mes.
Tratar de hablar con los trabajadores del corporativo o los comerciantes que se encuentran en las inmediaciones de la Torre de Pemex acerca de lo que han vivido después del 31 de enero, parece que se ha convertido en un tabú.
Evasiva y con cierto temor, la gente responde: "Hay mucho hermetismo, no puedo decir nada"; "casi no se habla de eso por respeto a los que murieron y porque para muchos fue un evento traumático".
Unos dicen que todo está tranquilo; otros que todavía hay miedo, que el ambiente está muy pesado: "Estamos bien, pero a cada rato hay alarmas".
"Sólo sé que hace unos días hubo un conato de incendio en la guardería"; "Aún no sabemos bien que pasó".
Y es que a seis meses de la tragedia, las autoridades aún no han acreditado las conclusiones finales sobre el siniestro (el origen del gas metano que presuntamente provocó la explosión), algunos familiares de víctimas mortales no han sido indemnizados y otros, obligados por la difícil situación económica en la que se encuentran, han aceptado compensaciones menores a las que les corresponden de acuerdo con la ley.
Opacidad en los peritajes
Miriam Grunstein Dickter, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas AC (CIDE), considera que para estas fechas las autoridades ya deberían haber transparentado los resultados de los peritajes.
"Las causas que se conocen al momento se prestan a muchas especulaciones, pero tampoco han sido acreditadas", dijo a este diario.
En este sentido, calificó de inverosímiles los peritajes que señalan como causa de la explosión a la acumulación de gas metano, cuando no hay una fuente identificada.
"Si a seis meses no hay motivos claros de lo que sucedió, nos lleva a concluir que lo que afirman que pasó no pasó, o que se trató de un atentado.
"Si fue un accidente podríamos tener una negligencia criminal que se está ocultando y, si fue un atentado, es gravísimo por el móvil e implicaciones que pueda haber, porque quién querría matar a tanta gente inocente.
"De cualquier forma es grave, pero lo más lamentable es que el hecho ha caído en el olvido; los únicos que lo recuerdan son las familias que perdieron a sus parientes o quienes se encuentran discapacitados".
La investigadora en energéticos consideró que las autoridades saben realmente lo que sucedió el 31 de enero en el edificio B, "pero no han querido revelarlo.
"Y esta misma situación sucede con la explosión de Reynosa y la reciente detonación del gasoducto en Tonanitla, en el Estado de México, donde se dijo que se trataba de una toma clandestina pero tampoco está plenamente acreditado.
"Para Miriam Grunstein estos hechos son una clara muestra de que el expediente de seguridad de Pemex 'es muy insatisfactorio' debido a la negligencia, mala administración, malos controles, e incluso, delincuencia organizada, que persisten en la paraestatal: "Son síntomas de que Pemex está muy enfermo".
Una revisión periodística revela que durante meses funcionarios como el director de la propia paraestatal, Emilio Lozoya; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, han declarado que 'en breve' presentarán las conclusiones finales sobre el accidente ocurrido hace medio año.
Sin embargo, la realidad ha sido otra.
Indemnizaciones del hambre
Jesús Alberto Guerrero Rojas, asesor legal de algunos familiares de trabajadores de Pemex que fallecieron, denuncia que 'mañosamente' la paraestatal quiere indemnizarlos con el concepto de riesgo de trabajo, como si las víctimas hubieran estado laborando en una gasera, planta petrolera, refinería, y no en un centro administrativo.
"A los familiares de los fallecidos les proponen sumas que van de 300,000 a 1 millón de pesos, cuando las cantidades que les corresponden pueden alcanzar hasta 8 millones de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sin contar el daño moral.
Sin embargo, Guerrero Rojas, quien encabeza el despacho de abogados Corporativo Jurídico Sanitario (CJS), comenta que cuatro familias afectadas decidieron tomar la indemnización que la paraestatal les ofrecía debido a la difícil situación económica en que se encuentran y a que los juicios podrían prolongarse hasta tres años.
"La gente está desesperada, no tiene dinero y decide aceptar lo que les dan los abogados de Pemex. Y en la misma situación podrían estar muchas personas más".
Explica que de acuerdo con el artículo 1915 del Código Civil Federal, para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo (LFT). En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. Además de lo que señala el artículo 502 de la LFT".
Guerrero Rojas agrega: "Pemex está pagando sólo lo relacionado a lo laboral, pues debido a su buena relación con los sindicatos les sale más barato. Va solamente a pagar 10%, a lo mucho 15 de lo que corresponde.
"Lo que también es muy lamentable es que el Estado hace reformas a la LFT y ni siquiera se cumplen. En enero fue aumentada la indemnización por muerte de 1,095 de salario a 5,000 días de salario y, en este caso, no se está tomando en cuenta".
No, gracias
Al buscar las declaraciones de algunas de las 101 personas heridas o familiares de los trabajadores fallecidos nos enfrentamos a mensajes sin respuesta o contestaciones como: "No podemos hablar" y "No gracias", como nos refirió Laura Venegas, al término de su rehabilitación en el Hospital Central Norte de Pemex.
Momentos antes, su padre Enrique Venegas, quien laboró en Pemex 46 años y cuenta con otro hijo que también trabaja en la paraestatal, relató que Laura "regresaba de comer cuando sucedió la explosión. Algo cayó sobre de ella y le fracturó varias partes del cuerpo. Le pusieron varios tornillos en la pierna derecha".
A la área de Rehabilitación del Hospital Central Norte también acuden Ben Hur López Maldonado y Miriam Rivera Villegas, que a decir de los terapistas, es la única que no ha faltado.
En el Centro de Neurorehabilitación de Interlomas sigue internada Maricela Guzmán Ruiz, quien no podrá volver a caminar debido a una fractura en la médula espinal.
Su sobrina María Elena relató que hay momentos en que Maricela se encuentra desanimada porque no podrá regresar a trabajar ya que la rehabilitación le servirá 'sólo para que pueda valerse por sí misma'.
Maricela laboraba en el centro de copiado y al momento ha enfrentado dos operaciones, una en la columna y otra en el brazo. También declinó dar entrevista.
Otro caso es el de Alan Carmona, hijo de María Canales, una mujer que trabajaba en labores administrativas, y cuyo cuerpo fue entregado por error a otra familia, que lo cremó pensando que se trataba de su pariente. Al final, detectada la confusión, las cenizas de María fueron entregadas a la familia correcta. Alan, primero aceptó hablar, pero posteriormente ya no respondió a nuestros mensajes.
Archivo