Fernando Ramírez de Aguilar L.
La detención y consignación de Elba Esther Gordillo, el cese de Humberto Benítez Treviño como procurador Federal del Consumidor, la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el envío a Michoacán de fuerzas federales son algunos de los asuntos más destacados en materia de justicia y seguridad en los primeros seis meses de esta administración.
Sin embargo, diputados integrantes de la Comisión de Justicia como Karina Labastida Sotelo, del PAN y Alejandro Carvajal González, del PRD, demandaron al gobierno federal que apresure todos los programas que ofreció, entre ellos, el funcionamiento de la Gendarmería Nacional, en virtud de que en el primer bimestre del año se tuvo una cifra récord en la comisión de delitos. Para Alejandro Carvajal, secretario de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, dijo que los niveles de violencia en algunas regiones del país no han disminuido y que el gobierno federal se está tardando en reaccionar ante los fenómenos de violencia registrados en los casos de Guerrero y Michoacán, donde se han incrementado los grupos de autodefensa en los municipios. Explicó que para que un programa de prevención del delito funcione, y se puedan reducir los niveles de violencia, es indispensable que el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, implementen integralmente diversas acciones como es el rescate del espacio público junto con el establecimiento de nuevas políticas de empleo, salud, educación y recreación. Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como Héctor Fix Fierro y Daniel Márquez, consideraron que el retraso para poder transitar a un nuevo sistema penal acusatorio no ha permitido vislumbrar una mejora en el sistema de impartición de justicia ni tampoco se ha logrado la depuración de todos los cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, en donde muchos de sus integrantes siguen colaborando con las organizaciones criminales. Información proporcionada por El Financiero Diario