Sandra Marina
En abril de 2012, Enrique Peña Nieto, entonces candidato a la Presidencia, se ofreció a modificar la estrategia de seguridad gubernamental y a disminuir la violencia"a corto plazo"; en este sentido, arremetió contra la política en la materia seguida por su antecesor (Felipe Calderón) por ser, dijo, "notoriamente fallida".
Sin embargo, luego de un año de gobierno, los datos duros oficiales hablan de un incremento en delitos de alto impacto como secuestro y extorsiones; de detenidos que sólo sirven para las estadísticas, pues son liberados por falta de pruebas, y de homicidios que aumentan, sobre todo en estados como Michoacán, donde pese al aumento de elementos de las fuerzas federales la violencia no cesa.
Consultados por EL FINANCIERO, especialistas en seguridad y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales coinciden en la inexistencia de un plan concreto sobre cómo lograr objetivos y, por ende, en la nulidad de resultados.
En este tenor, el especialista en seguridad Guy Ben Nun, subraya que lo que se ve "una estrategia mediática o una cortina de humo a lo que realmente está sucediendo en el país", mientras que Raúl Benitez Manaut, profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, afirma que debido a que el gobierno se enfrentó con la realidad de lo que significan las organizaciones criminales, no ha podido bajar la violencia tan rápido como lo anunció al principio de la administración.
"Y lo más negativo que ha sucedido es que hay elementos fuera de control que no estaban en el gobierno de Felipe Calderón, como es la aparición de las policías comunitarias, autodefensas y grupos paramilitares."
Pese a las críticas que tuvo el gobierno calderonista, sobre todo por parte de la clase política priista, respecto a su campaña contra los cárteles de la droga -que se estima provocó la muerte de 80 mil personas--, los especialistas aseguran que en 12 meses de la administración peñista la estrategia contra la inseguridad es indistinguible a la de su predecesor, como lo muestra el despliegue de elementos del Ejército en las zonas más conflictivas del país.
Durante el sexenio calderonista, se incrementó sensiblemente el número de elementos del Ejército que realizan labores de combate a grupos del crimen organizado, pasando de 37 mil 253, en 2006, a 49 mil 650, en 2012, sin lograr un impacto positivo y significativo al respecto. Esta política ha prevalecido, sin un viso de mejoría, durante el primer año de gobierno peñista.
Ejemplo claro es Michoacán, donde el 11 de diciembre de 2006 el gobierno de Calderón inició la lucha contra la delincuencia organizada y donde en mayo pasado Enrique Peña lanzó su estrategia.
Ahí, elementos castrenses y policías federales relevaron, en noviembre pasado, a la policía local en Lázaro Cárdenas y Apatzingán, sin embargo, la violencia no se ha reducido un ápice, como lo demostraron los sucesos violentos del fin de semana en este último municipio.
Al respecto, en enero de este año los soldados ya habían asumido el control de las operaciones de seguridad locales en los municipios duranguenses de Lerdo y Gómez Palacio -que junto con Torreón, Coahuila, conforman la Comarca Lagunera -, como también sucedió en el sexenio de Calderón en el estado de Tamaulipas. Empero, tampoco en esos lugares la violencia ha disminuido.
Desde Galveston, Texas, donde se encuentra autoexiliado por la violencia, Juan Hernán Téllez, exacadémico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, recuerda que el 25 de junio de 2011 por la mañana miles de soldados llegaron a Matamoros para sustituir a la policía municipal. Dijeron que con esa medida la paz llegaría a la ciudad y que sería sólo temporal, mientras las corporaciones policiacas locales eran sometidas a procesos de depuración y capacitación. (exactamente las mismas palabras que en noviembre pasado las autoridades usaron para referirse a la toma de Lázaro Cárdenas por parte del Ejército) Sin embargo, los militares llegaron para quedarse.
Hernán, quien durante más de una década se desempeñó como docente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas campus Matamoros, lamenta apesumbrado: "Hoy, dos años y medio después, en Matamoros la violencia continúa pese a la presencia de las fuerzas federales.
En este sentido, Ben Nun califica como "errónea y contradictoria" la decisión de que los soldados controlen la seguridad local, mientras se intenta erradicar la corrupción en las fuerzas de policía municipal o estatal.
"Es equívoca porque experiencias de incursiones militares en otras ciudades han dejado sólo un impacto negativo, aumentando el número de enfrentamientos entre soldados y grupos del crimen organizado y por ende, un incremento en las cifras de homicidios.
"Pero también se da lo contrario, que no brinda ninguna ventaja: Como los mismos cárteles saben que la presencia del Ejército no es para siempre, se esperan a que los castrenses se vayan para reanudar sus operaciones".
El asesor de ConsultoríaenSeguridad.net explica que la estrategia puede ser "contradictoria", porque los elementos de seguridad municipal y estatal que no sean recontratados por no haber aprobado los exámenes de confianza, "podrían ser invitados a trabajar para los cárteles".
Además destaca: "También hay que considerar que la función del Ejército se dirige más en términos de guerra y no civiles. El Ejército requiere estrategia, la policía requiere desplazamiento.
"Si se quiere usar al Ejército en asuntos internos en el país, sólo sería para objetivos muy específicos que requieran del uso de mucha fuerza; su papel no es la de resguardar, eso es sólo el trabajo de las policías. Además, una situación muy importante es que los soldados carecen del entrenamiento de la policía para manejar a la población civil.
"Conclusión: La llegada de los militares a territorios conflictivos no es una garantía de seguridad, ni erradica el problema del narcotráfico".
La joya de la corona
El rubro de seguridad es el área donde más se ha incrementado el presupuesto en los últimos dos sexenios. Es la joya de la corona pero sigue siendo el coco de los mexicanos.
Una revisión al Presupuesto de Egresos de la Federación revela que los recursos para seguridad casi se han triplicado en los últimos 12 años: de 44 mil 8 pesos en 2000; 55 mil 171, en 2006 a 133 mil 497 en 2012. Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) con 55 mil 611 pesos y de Seguridad Pública (SSP), con 40 mil 536, fueron las de mayor partida en el último año.
Sin embargo, Gobernación (Segob) se convertirá en 2014 en la institución más poderosa en materia de seguridad, al concentrar las mayores partidas para este rubro y superar a la Sedena, PGR o Marina, de acuerdo con el presupusto de egresos.
La Segob, que ahora agrupa a la SSP, tendrá tres veces más recursos que este año para implementar sus estrategias contra el crimen, con 74 mil 914 millones de pesos. Este año obtuvo recursos por 21 mil 41 millones. La Sedena tendrá en 2014 recursos por 65 mil 236 millones de pesos, y Marina, 24 mil 599 millones de pesos. La PGR contará con un presupuesto de 17 mil 284 millones de pesos, es decir 9.65 por ciento más que en 2013, cuando recibió 15 mil 760 millones de pesos.
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