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Los detenidos fantasma del sexenio

07 febrero 2014 3:48 Última actualización 04 septiembre 2013 5:27

[El Ejército reporta miles de capturados, pero la PGR desconoce su existencia / Cuartoscuro]


 
 José Antonio Gurrea C. / Sandra Marina
 
 
El pasado 17 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer en un informe público a los medios que entre el 1 de diciembre y el 15 de mayo capturó a tres mil 497 presuntos narcotraficantes, a quienes “de forma inmediata puso a disposición de la autoridad ministerial competente” para que determinara su situación jurídica.
 
 
Sin embargo, cuando a través de la ley de transparencia EL FINANCIERO preguntó a esa “autoridad ministerial competente” --es decir a la PGR--, dónde se encuentran esos detenidos y cuál es su estatus legal, la dependencia que por ley es la encargada de investigar y perseguir los delitos dijo no tener conocimiento de la existencia de esas personas.
 
 
Al respecto, tres expertos consultados por este diario calificaron de grave este hecho, e indicaron que esto sólo confirma la falta de una estrategia en materia de seguridad y una inexistente planeación, coordinación y organización entre las instituciones.
 
 
El especialista en seguridad Guy Ben Nun dijo que “si quieren presumir el número de narcotraficantes detenidos, las instituciones no pueden soltar cifras a la ligera. Deben estar preparadas para sustentarlas y para poder revelar información adicional a fin de respaldar las acciones que se realizan en la materia”.
 
 
Edgardo Buscaglia, profesor-investigador de la Universidad de Columbia, indicó que todas estas estadísticas sobre el número de detenidos “forman parte de una cortina de humo mediática para dar la impresión, sobre todo a nivel internacional, de que este gobierno (el de EPN) tiene todo bajo control”.
 
 
Raúl Benítez Manaut, también profesor-investigador, pero del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, aportó otro ingrediente, pues resaltó que la actitud de la PGR “obedece a la cultura autoritaria que persiste en el país para no dar a conocer información”.
 
 
Largo trámite burocrático
 
El proceso para tratar de conocer el estatus legal de los casi tres mil 500 supuestos detenidos por el Ejército ha sido largo, y comenzó desde el 27 de mayo pasado cuando este diario realizó sendas solicitudes de información pública tanto a Sedena como a la PGR donde concretamente preguntó: ¿de los tres mil 497 detenidos entre el 1 de diciembre y el 15 de mayo, cuántos han sido consignados? ¿Cuántos quedaron en libertad por ser adictos? y ¿a cuántos no se les puso a disposición de un juez por no tener todas las pruebas para acusarlos?
 
 
Al respecto, el 11 de julio pasado la Defensa Nacional respondió que de acuerdo con la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Penales, “este instituto armado puso de forma inmediata a disposición de la autoridad ministerial competente a los detenidos, así como a los objetos, instrumentos o productos del delito que se aseguran, siendo dicha autoridad a quien le corresponde determinar su situación jurídica”.
 
 
Además, sugirió canalizar la solicitud de información “a la unidad de enlace de la Procuraduría General de la República, a fin de que le proporcione la respuesta correspondiente a su requerimiento”, pues agregó que “de conformidad con los artículos 21 y 102 apartado ‘A’ de la Constitución y 2° de la Ley Orgánica de la PGR, corresponde al procurador general de la República presidir el Ministerio Público de la Federación, a quien le incumbe la investigación y persecución de los delitos”.
 
 
Sin embargo, en lugar de una respuesta, el 3 de junio pasado la PGR envío a este diario un “requerimiento de información adicional”, donde comunica que “para estar en posibilidad de atender su petición se pide que aclare y precise el periodo de tiempo por el cual requiere la información, o bien proporcione mayores elementos que faciliten la búsqueda de la información…”
 
 
En respuesta, este diario reiteró la solicitud, el periodo de tiempo, hizo énfasis en las encomiendas que por ley tiene la PGR y, finalmente, se refirió al Sistema de Registro de Detenidos (SIRED), que precisamente fue creado por aquella dependencia “para establecer un control administrativo de las detenciones”.
 
 
El 11 de julio, la PGR informó que se encontraba realizando una “búsqueda minuciosa y exhaustiva en su archivo… por lo que se amplía el término de la contestación a su solicitud a fin de estar en posibilidad de cumplir con la obligación de otorgar contestación a su petición”.
 
 
Finalmente, el 13 de agosto pasado la PGR respondió que ni la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ni la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales; tampoco la Dirección de Estadística ni el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia “cuentan con registro alguno de la información solicitada”, por lo que se determinó “confirmar la inexistencia de la información”.
 
 
De inmediato, EL FINANCIERO interpuso un recurso de revisión que actualmente se encuentra en proceso.
 
Debilidad mediática
 
 
Para Guy Ben Nun, especialista israelí de Consultoría en Seguridad.net, “desconocer el perfil y estatus en que se encuentran los presuntos narcotraficantes detenidos demuestra una debilidad mediática y política, nos hace tener dudas sobre la importancia de estos aseguramientos y del compromiso y capacidad de las autoridades para realizar bien su trabajo”.
 
 
En este sentido, el experto cuestiona: “¿Qué quieren esconder las instituciones? ¿Qué les impide sustentar una información que ellas mismas revelaron? ¿Fallas en la captura, irregularidades en los juicios, corrupción, falta de capacidad?
 
 
“Controlar la seguridad del país no sólo obedece a realizar detenciones, sino tener claro el perfil de los delincuentes, dar seguimiento de los casos, saber cómo fueron resueltos los juicios, si se les determinó reclusión, etcétera”.
 
 
Ben Nun consideró que en una nueva era de tecnología y computación, este tipo de información debería estar concentrada en una base de datos de fácil consulta para las dependencias que realizan tanto las detenciones como las investigaciones.
 
 
Buscaglia, en tanto, dijo que las capturas de capos de mediano y bajo nivel no conducen a nada y sólo son utilizadas como shows. “Estas estadísticas forman parte de una cortina de humo mediática para dar la impresión, sobre todo a nivel internacional, de que todo está bajo control”.
 
 
Como otra hipótesis, el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana dijo que hay una amplia discrecionalidad de las Fuerzas Armadas para poner a disposición a los detenidos al MP.
 
 
“Muchas de las personas que son detenidas por las Fuerzas Armadas se les somete a interrogatorios sin abogados presentes o se les mantiene encerradas en cuarteles militares. Por ello, en ocasiones, las autoridades civiles desconocen el estatus legal de estas personas.”
 
 
Por su parte, Benítez Manaut resaltó la importancia de distinguir los presuntos narcotraficantes detenidos, “porque una cosa es detener a un narco que transporta cocaína a Estados Unidos y otra a uno que vende 20 gramos afuera de una escuela”.