Archivo

Ley anticorrupción, desempolvada, entra a paquete de reformas

06 febrero 2014 6:55 Última actualización 26 noviembre 2013 5:29

 [Senadores incluyen la propuesta en el paquete de la reforma política / Cuartoscuro]


 
 
Rivelino Rueda
 

Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República dieron los primeros pasos para sacar adelante la reforma constitucional en materia anticorrupción, la cual incorporaron al paquete de la reforma político-electoral.
 

De acuerdo a las negociaciones de última hora enfocadas a destrabar el conjunto de iniciativas esta misma semana, la bancada priista, con Emilio Gamboa Patrón al frente, cedió en su posición original para avanzar hacia una Comisión Nacional Anticorrupción con plena autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
Con el tiempo encima y en la lógica de sacar adelante la reforma energética antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre, el grupo parlamentario del tricolor en la Cámara alta eventualmente concedería al PAN y PRD elevar a rango constitucional la autonomía de la PGR para cerrar la pinza y avanzar hacia un Sistema Nacional Anticorrupción.
 
La propuesta de panistas y perredistas consiste básicamente en que una vez que se le conceda a la Procuraduría la autonomía plena del Ejecutivo federal, los Ministerios Públicos, también autónomos, avancen en la creación de fiscalías especializadas para investigar, combatir, perseguir y sancionar los delitos vinculados a la corrupción y a la componenda.
 
No obstante, en las próximas horas los senadores panistas buscarán incorporar al dictamen final de este proyecto una propuesta para que los tres niveles y órdenes de gobierno conformen el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
 

Todos parejos
En la mesa de negociaciones, los panistas han explicado que el principio es que los tres órdenes de gobierno, entidades federales, los estados y municipios se involucren y asuman su responsabilidad en el combate a “las malas prácticas en el servicio público”.
 
Además, los panistas empujan otorgarle facultades al Congreso de la Unión para crear una Ley General de Combate a la Corrupción que homologue las responsabilidades administrativas y estandarice los procedimientos de actuación en todo el país, además de que defina los tipos penales y las sanciones que se aplicarán a los corruptos, así como las bases en materia preventiva.
 

El tortuoso proceso

Luego de que a principios de noviembre los senadores perredistas se levantaron de la mesa de negociación de la reforma político-electoral –tras la información publicada en EL FINANCIERO de que PRI y PAN cocinaban un acuerdo para aprobar una reforma energética que contemplara compartir la renta petrolera con compañías extranjeras–, días más tarde retomaron el diálogo a cambio de algunos condicionamientos.
 

El pasado 11 de noviembre, el líder de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, puntualizó que la decisión de regresar a la mesa de negociación de la reforma político-electoral se dio luego de una reunión que sostuvo con los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
 

Aseveró que en el encuentro los secretarios se comprometieron a “cabildear” la aprobación en este mismo periodo de sesiones de las reformas constitucionales en materia de transparencia y anticorrupción. La propuesta de la Comisión Nacional Anticorrupción la presentó al Congreso Enrique Peña Nieto, en su calidad de presidente electo. Y la iniciativa permaneció un año en la congeladora. La reforma en materia de transparencia que también permaneció durante meses en las gavetas legislativas, finalmente fue aprobada la semana pasada en el Senado y se prevé que este martes la aprueben los diputados.