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La reforma laboral se quedó corta en creación de empleos


 
 
Zenyazen Flores
 
 
La reforma laboral no ha tenido los efectos esperados en la creación de empleo y registra un avance parcial en su implementación, a pesar de que tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como actores del mundo laboral calcularon que hacia el cierre del tercer trimestre de 2013, que termina hoy, se verían los primeros resultados.
 
 
Además, la reforma laboral no evitó que nuestro país cayera 11 lugares en eficiencia del mercado laboral que mide el Índice de Competitividad Global 2013-2014 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) para 148 países, ya que pasó de la posición 102 a la 113.
 
 
El mercado laboral es el indicador de competitividad más rezagado en México dentro de ese índice, pese a que en diciembre de 2012 entró en vigor la reformada Ley Federal del Trabajo (LFT).
 
 
Jaime Cardoso, director de Mercadotecnia de Kronos Latinoamérica, explicó que parte del retroceso en competitividad del mercado laboral se debe a que "no vemos avances en la reforma laboral en la parte de las prácticas de contratación y búsqueda, los costos semanas-salarios, no hay claridad en aplicación del outsourcing, la productividad, y retención y atracción de talento".
 
 
La reforma laboral arrancó prácticamente con el inicio de 2013, y los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que de enero a agosto se crearon 352 mil 862 empleos, que es una caída de 38 por ciento, respecto de igual periodo de 2012, cuando se generaron 569 mil 921 empleos.
 
 
Alfonso Navarrete Prida, titular de la STPS, previó al inicio de su gestión que la reforma laboral daría hasta 300 mil empleos adicionales a los que ya se venían generando en el país, pero los datos oficiales no reflejan dicha estimación.
 
 
Tras los resultados no esperados en empleo, la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México inició la revisión "técnica" de la reforma laboral, a petición de la Secretaría del Trabajo, a fin de analizar qué es lo que podría modificarse.
 
 
En ese sentido, es de mencionar que del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, se han analizado 36 iniciativas de reforma a la LFT.
 
 
Graciela Bensusan, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostiene que "predominó un enfoque orientado por la ilusión de que la flexibilidad laboral sería el remedio para crear nuevos empleos, pero lo más probable es que esta reforma no genere cambios significativos en la cantidad o calidad de los empleos".
 
 
Cardoso mencionó que las empresas medianas y grandes son las más interesadas en utilizar las nuevas formas de contratación (contratos a prueba, capacitación inicial y outsourcing) "pero hay desconocimiento de lo que implica la ley. El pago por hora lo quiere usar el sector de hotelería en temporadas altas, pero no hay claridad jurídica".
 
 
Humberto Ojeda, vicepresidente del Congreso del Trabajo (CT), comentó que no se han generado plazas laborales porque "los empleos se crean con inversión en infraestructura y modernización de la planta productiva y las empresas no lo han hecho en este año como se esperaba".
 
 
Vanessa Espinosa, especialista de la consultora aregional.com, señaló que las empresas que se apegan a la reforma laboral son las que tienen infraestructura instalada y condiciones jurídicas, mientras que en aquellas donde no hay inversión, como pueden ser las que están en la informalidad, "por más que hagas reglamentos o leyes no hay manera de avanzar porque no hay las condiciones".
 
 
Sobre los cambios en la LFT para agilizar la impartición de justicia, el abogado laboral Arturo Alcalde comenta que las Juntas de Conciliación y Arbitraje están en un periodo de "coexistencia", ya que todos los juicios que se hayan iniciado con el marco laboral anterior tendrán que agotarse conforme a esa legislación.
 
 
Por otro lado, las actualizaciones de los reglamentos que deberían estar listos a los 6 meses de que entró en vigor la reforma laboral no están concluidas y en las más avanzadas falta que sean aprobadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y que se analice su impacto presupuestario.
 
 


 

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