Eduardo Ortega
En el arranque de un sexenio que consolidó la alternancia política en el país, aún bajo la presión de los gobiernos divididos, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto confirmó que las reformas legales son la apuesta de su administración.
Y lo que no había ocurrido en al menos los últimos 20 años, las reformas estructurales han comenzado a cristalizar, previo acuerdo, negociaciones y consenso con los partidos de oposición.
El Pacto por México ha sido el mejor recurso de concertación de los últimos lustros, lo que ha permitido la aprobación de reformas estructurales como la educativa y la de telecomunicaciones, y perfila una reforma política y electoral de fondo y la más ambiciosa y aperturista reforma energética.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, el Congreso de la Unión ha aprobado a la fecha en total 15 iniciativas propuestas por el Ejecutivo; tiene 10 pendientes en comisiones y ha dictaminado 16.
Entre las aprobadas y publicadas destacan las reformas educativa, de telecomunicaciones y de competencia económica, así como los cambios realizados a la hacienda pública, conocida como la reforma fiscal.
Apenas el martes, el Senado de la República aprobó la reforma financiera y la Cámara de Diputados avaló sin cambios la nueva ley de transparencia.
Entre las reformas de "gran calado" o "estructurales" entraron a una etapa de definiciones las reformas político-electoral –que se debate en el Senado de la República– y la madre de todas las reformas, la energética.
En buena parte, estos cambios han sido posibles gracias al acuerdo que el jefe del Ejecutivo firmó con las tres principales fuerzas políticas en el marco del Pacto por México, el 2 de diciembre de 2012, apenas un día después de haber asumido el cargo.
Sin embargo, el principal reto que enfrenta el político mexiquense es que las reformas aprobadas no se queden en letra muerta.
El presidente de la República ha aceptado que "para transformar la realidad nacional no es suficiente con adecuar las leyes".
Representantes de sectores productivos coinciden en que el apuntalamiento de este esfuerzo debe traducirse en las leyes reglamentarias o secundarias que permitan, literalmente, instrumentar con éxito todos estos cambios legislativos, con el objetivo de hacer crecer a la economía mexicana a todo su potencial.
No debe perderse de vista que desde 1997, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo perdió la mayoría en el Congreso, no ha habido ninguna iniciativa de ley, cambio constitucional, Ley de Ingresos o presupuestos que no haya sido fruto de una coalición, las cuales sin embargo han sido momentáneas, efímeras y volátiles.
La permanencia del Pacto por México es una de las definiciones que deberá tomarse en 2014, año en que las reformas logradas un año antes deberán tomar forma y aplicarse. Entonces se verá si los cambios propuestos eran los adecuados o no.
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