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Pemex, el monopolio estatal petrolero que es la piedra fundamental de la economía mexicana, se está desmoronando.
Una fuga de gas que no había sido detectada en la sede central de la empresa en la Ciudad de México causó una explosión que destruyó tres pisos y mató a 37 personas este año. Bandidos roban permanentemente de los oleoductos, generando frecuentes explosiones y fugas dañinas. Pemex, por otro lado, no ha avanzado en su proyecto de inversión más ambicioso, una refinería de 9,000 millones de dólares anunciada hace cuatro años.
Para colmo de males, los campos petrolíferos mexicanos se están secando y Pemex no tiene el equipo necesario para explorar en busca de nuevas reservas en las profundidades del mar, con miras a extraer gas de esquisto. La producción decayó un 25% en la última década y una nación que supo ser una importante productora de petróleo corre peligro de pasar a ser un importador de energéticos en pocos años a menos que se busquen formas de explotar nuevas reservas.
Se espera que en los próximos días el presidente Enrique Peña Nieto proponga el programa de cambios más grande en décadas para tratar de rescatar Petróleos Mexicanos, pero la iniciativa está siendo severamente cuestionada incluso antes de que se dé a conocer, en buena medida porque se cree que postulará que se aflojen las riendas del monopolio casi total del estado en la exploración y producción.
El petróleo está asociado con uno de los grandes momentos de la historia de México: cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria en 1938, expulsando a 17 empresas extranjeras que, según los mexicanos, estaban saqueando las riquezas del país.
Setenta y cinco años después, la mayoría de los mexicanos se molestan ante la mínima insinuación de que se admita la participación de empresas privadas en esa industria, especialmente si son extranjeras, por más que Pemex esté sometida a los designios de poderosos sindicatos, y sea víctima de la ineficiencia, el robo, la corrupción y una tecnología anticuada.
La parte más polémica del proyecto de Peña Nieto sería que alentaría el uso de inversiones y tecnología privadas, compartiendo ganancias o firmando acuerdos de concesión, algo que está prohibido por la constitución.
Peña Nieto ha dicho que no se propone privatizar la industria. Lo más probable es que permita que firmas privadas compartan un porcentaje del petróleo que encuentran o del dinero que genere ese petróleo. En la actualidad, la ley contempla contratos por trabajos específicos, con el pago de bonificaciones.
"México no puede postergar más la transformación del sector energético", afirmó el senador David Penchyna en una reciente columna publicada en un diario. "Las premisas económicas quedaron atrás, pero han prevalecido los dogmas políticos. La realidad global en la oferta y demanda de energéticos es otra, pero para algunos México puede seguir haciendo lo mismo. El escenario cambió, pero nos aferramos a interpretar el papel de siempre".
Penchyna, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto y quien está llamado a desempeñar un papel clave en el debate de la iniciativa en el Senado, reconoció que la medida va en contra de un artículo de la constitución, el 27, que estipula que no se pueden conceder contratos ni concesiones y que el gobierno es el único que puede explotar los recursos petrolíferos.
Cuando el presidente Felipe Calderón intentó sacar adelante un proyecto similar en 2008, miles de personas salieron a la calle para protestar y legisladores opositores trabaron las puertas del Congreso, acampando en las cámaras en señal de protesta. Se terminó aprobando una versión diluida del proyecto, que no resolvió los problemas de fondo de Pemex.
La izquierda ya está movilizándose para oponerse al proyecto. Uno de los más firmes opositores a la iniciativa es Andrés Manuel López Obrador, quien quedó segundo en las dos últimas elecciones presidenciales.
"El petróleo es de la nación", afirmó en un discurso la semana pasada, en el que sostuvo que la industria petrolífera está siendo mal administrada a propósito por funcionarios que "quieren volver a entregar el petróleo a extranjeros".
López Obrador dijo estar convencido de que privatizar el petróleo y modificar el artículo 27 equivalen a traicionar a la patria.
Muchos izquierdistas, incluido el hijo de Cárdenas, Cuauhtémoc, opinan que Pemex puede ser rescatada sin necesidad de reformar la constitución. Dicen que lo que hace falta es operar la empresa más eficientemente y permitir que reinviertan las ganancias que genera en sus propias operaciones. En la actualidad eso no sucede y esas ganancias representan un tercio del presupuesto nacional.
"Hay quien está viendo la apertura o la participación de la iniciativa privada como la varita mágica que todo lo va a resolver", dijo Cárdenas desde la oficina donde se desempeña como coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal. "(Pero) yo no veo esa famosa varita mágica que vaya a operar, a resolver los problemas simplemente porque se abra" la industria a la inversión privada.
Una de las cosas que Cárdenas y otros quieren cambiar es la influencia del sindicato de trabajadores de la industria en Pemex.
El líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps, controla casi un tercio de las bancas en la junta directiva de la empresa y se lo ve a menudo con el presidente, mientras la prensa publica informes de que su hijo maneja una Ferrari y de los viajes de su hija a Europa en aviones privados. Romero Deschamps, sin embargo, es senador del PRI y aliado de Peña Nieto en esta batalla. Otra líder sindical que se opuso a una iniciativa importante de Peña Niego, la jefa del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, está presa, acusada de corrupción.
El Partido de Acción Nacional de Calderón, de tendencia conservadora, colabora con el presidente en este campo y trata de impedir que se repita lo sucedido en 2008.
En la actualidad Pemex permite que contratistas privados se ocupen de tareas como las perforaciones, mantenimiento y reabastecimiento. Se usan "contratos integrados" que no resultan atractivos a los inversionistas, al punto de que no se recibieron ofertas en la mitad de los campos petrolíferos del Golfo de México que fueron licitados en julio.
Quienes están a favor de la reforma aducen que hay una competencia global por los conocimientos y equipos sofisticados como las plataformas perforadoras de aguas profundas que necesita México para explotar sus reservas, los cuales serán enviados solo a los sitios más rentables.
"Para garantizar ese debate y construir la reforma necesaria, debemos estar conscientes del suelo que se pisa: las modificaciones a la ley -necesariamente constitucionales- atraen resistencias políticas, sociales e ideológicas", escribió Penchyna. Agregó que para analizar el tema en serio hay que eliminar el enfoque "casi teológico" que algunos le dan al asunto.
Es cierto que el petróleo está muy metido en la psiquis del mexicano. Una encuesta de 2012 entre 2,400 personas hecha por el Centro para la Investigación Económica y la Enseñanza dijo que el 77% de la gente considera que la inversión extranjera beneficia al país, pero el 65% se opuso a que haya inversión extranjera en la industria petrolífera. La encuesta tenía un margen de error de dos puntos.
El Instituto Mexicano para la Competitividad opinó que el nacionalismo no lleva a ninguna parte.
"Nada de reformas. Los argumentos técnicos no valen contra la dignidad de la patria", expresó el instituto en un informe sarcástico sobre la reforma. "La Nación demanda el derecho inalienable al estancamiento, el privilegio de perderse la mayor revolución tecnológica en medio siglo, el gusto del gas caro y el petróleo importado. Faltaba más".
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