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IFE aprueba multas por gastos en 2012

07 febrero 2014 5:52 Última actualización 15 julio 2013 17:47

  [Cuartoscuro]   


 
 
Notimex
 
 
El Consejo General del IFE aprobó, con 7 votos a favor y uno en contra, el dictamen consolidado y el proyecto de resolución de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de la elección de 2012, el cual establece sanciones por un total de 341 millones 877,000 pesos.
 
 

En sesión extraordinaria, el presidente del órgano, Leonardo Valdés Zurita, así como los consejeros María Marván Laborde, Macarita Elizondo Gasperín, Lorenzo Córdova Vianello, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Francisco Guerrero Aguirre, avalaron al documento y sólo votó en contra el consejero Alfredo Figueroa.
 
 
El proyecto de resolución aprobado establece sanciones para el PAN por 5 millones 519,943.26 pesos, al PRD por 28 millones 043,169.10, al PVEM por 1 millón 302,610.83, y Nueva Alianza por 2 millones 569,333.31 pesos.
 
 

Asimismo, sanciona a la coalición 'Compromiso por México', con 169 millones 8,285.35 pesos, mientras que 'Movimiento Progresista' deberá pagar 135 millones 433,715.13 pesos.
 
 
De acuerdo con el documento, una de cada 8 campañas superaron los límites de gasto establecidos en la normatividad electoral y el único caso de sanción a la campaña presidencial fue para la coalición 'Movimiento Progresista' por el rebase del tope de gastos.
 

Los gastos globales reportados por los partidos políticos y coaliciones, en conjunto, ascendieron a 2,177 millones de pesos, a los cuales se agregaron 394 millones derivados de las labores de auditoría, con lo que suman 2,572 millones de pesos.
 
 

El PAN rebasó los topes de gastos en 2 campañas de diputados, el PRI en 28 de diputados, el PVEM en 2 de senadores, la coalición 'Compromiso por México' en 2 de senadores y 149 de diputados.
 
 
En tanto, el 'Movimiento Progresista' superó los topes en una de presidente, 2 de senadores y 9 de diputados y en el caso de Nueva Alianza no hubo rebase alguno.
 
 
En un debate que se prolongó por más de 6 horas, los consejeros electorales y los representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos intercambiaron diversos puntos de vista, sobre todo relativos al criterio de 'prorrateo', mediante el cual se asignaron los gastos a cada una de las diferentes campañas.
 
 
El representante del PAN, Rogelio Carbajal Tejeda, consideró un fracaso el modelo de fiscalización y anunció que su partido acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a presentar un recurso por su inconformidad en el prorrateo que se realizó a los diversos candidatos de la coalición 'Compromiso Por México'.
 
 

El representante del PRD, Camerino Márquez Madrid, desde antes que iniciara la sesión, ofreció una rueda de prensa que estuvo encabezada por el presidente de ese partido, Jesús Zambrano Grijalva, para anunciar que recurrirían al TEPJF para manifestar su inconformidad.
 
 

En el debate, de entrada, Valdés Zurita advirtió que pese a que el dictamen y el proyecto de resolución eran "robustos técnicamente y plenamente apegados a la ley vigente", era posible que socialmente sean insuficientes.
 
 
Aseguró que ello refleja un "fenómeno que, por cierto, no se resolverá con otras leyes, sino con mayor cultura política y convicción democrática de todos los actores".
 
 
El consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello destacó que en el prorrateo de los gastos de campaña, algunos partidos o coaliciones privilegiaron la campaña presidencial sobre las de diputados y senadores, y otros al revés y señaló que "¿es justo?, sin duda no, pero son reglas que todos han aceptado".
 
 
Córdova Vianello coincidió con Marván Laborde en que la coalición Compromiso por México gastó más que cualquier otra, pero los propios criterios de prorrateo permitieron que la asignación de gastos recayera en las campañas de diputados y no en la presidencial.
 
 
En su turno, y luego de anunciar su voto en contra, el consejero Alfredo Figueroa explicó que no podía acompañar la aprobación del dictamen "porque tiene elementos que distorsionan la naturaleza de la fiscalización".
 
 
Consideró que en el documento hay ausencia de criterios comunes entre todos los partidos, por lo que el dictamen "no es Constitucional, legal, ni reglamentario".