Por John Paul Rathbone y Eduardo García
Los planes para cambiar la Constitución mexicana y abrir el sector energético del país a los inversionistas extranjeros por primera vez en 75 años fueron puestos en marcha por el presidente Enrique Peña Nieto, en una medida que podría generar miles de millones de dólares de inversión de las grandes petroleras luchando por encontrar nuevos recursos en otros lugares.
Su propuesta para aflojar el control de la energía mexicana de Pemex, el monopolio petrolero estatal, e invitar la participación de empresas como ExxonMobil y Royal Dutch Shell, es potencialmente la mayor reforma del país desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.
"México enfrenta una oportunidad histórica", sostuvo Peña Nieto en un discurso televisado desde el palacio presidencial Los Pinos. "Esta profunda reforma puede elevar el nivel de vida para todos los mexicanos".
Peña Nieto dijo que tratará de cambiar el artículo 27 de la Constitución, que actualmente prohíbe a las compañías privadas extraer reservas y celebrar contratos de reparto de utilidades, y el artículo 28, que limita la energía mexicana sólo a las instituciones estatales. México cuenta con reservas estimadas en 115,000 millones de barriles equivalentes de petróleo, comparable a Kuwait.
Poco más de la mitad de sus reservas son no-convencionales, como el gas de esquisto, y Pemex estima que con la inversión y la tecnología adecuada cerca de 27,000 millones de barriles de crudo en aguas profundas podrían añadirse a las reservas probadas del país.
Todas las etapas de la cadena de energía de México –desde la producción y refinación hasta la distribución– han sido la propiedad legal del pueblo mexicano desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió los campos de empresas de los EU y el Reino Unido y cambió la constitución de la nación.
A pesar de que la expropiación es un motivo de orgullo nacionalista que se celebra cada 18 de marzo, la carga que Pemex enfrenta de ser una fuente principal de ingresos del gobierno –ya que proporciona un tercio de los ingresos del gobierno – ha llevado a años de inversión insuficiente. Pemex, con ingresos de 100,000 millones de dólares, es el séptimo mayor productor de petróleo del mundo, pero la producción se ha reducido en una cuarta parte, a menos de 2.6 millones de barriles de petróleo diarios, en los últimos 10 años.
Peña Nieto sostuvo que la reforma podría revertir este declive, y "proporcionar energía más barata para todos los mexicanos". Asimismo dijo que los cambios permitirán que México impulse la producción de petróleo a 3 millones bpd para el 2018 y 3.5 millones bpd para el 2025.
La producción de gas también se incrementaría de 5.8 mil millones de pies cúbicos en la actualidad, a 8,000 millones de pies cúbicos para el 2018 y 10.4 mil millones de pies cúbicos en el 2025.
Peña Nieto, tratando de contrarrestar la oposición nacionalista y calmar el orgullo nacional, citó a Cárdenas quien hace 75 años dijo que su expropiación nunca prohibió la colaboración del sector privado. "El espíritu de esta reforma recupera lo mejor del pasado para conquistar el futuro", sostuvo.
El partido de izquierda de la Revolución Democrática ha dicho que no apoyará la reforma constitucional, pero el partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional y el conservador Partido Acción Nacional, que el mes pasado dio a conocer su propia propuesta energética más ambiciosa, tienen los votos suficientes entre ellos para asegurar la mayoría de dos tercios necesarios en el Senado y en el Congreso para aprobar la reforma.
El presidente dijo que el plan no busca privatizar a Pemex a través de una cotización en bolsa, y destacó que su reforma permitirá contratos de reparto de utilidades con las grandes petroleras, pero no contratos de producción compartida. "De esa manera, todos los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de los mexicano.
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