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En la SCJN, 3 de 11 ministros se oponen a la geolocalización de celulares

06 febrero 2014 3:47 Última actualización 13 enero 2014 18:31

  [Las leyes que se discuten le permitirían a la PGR localizar geográficamente, en tiempo real, los teléfonos móviles sin ninguna orden de algún juez./Cuartoscuro]  


 
Fernando Ramírez de Aguilar

Hasta ahora, solamente 3 de los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han pronunciado en contra de la constitucionalidad de las dos leyes que le permiten a la PGR localizar geográficamente, en tiempo real, los teléfonos móviles involucrados en la comisión de delitos graves, sin la necesidad de que un juez federal ordene la medida.

La mayoría de ministros se pronunció a favor de que la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías estatales soliciten “por simple oficio o medios electrónicos” a los concesionarios de telecomunicaciones la geolocalización de teléfonos celulares involucrados en la investigación de delitos graves, como secuestro, extorsión y delincuencia organizada.

La ministra Olga Sánchez Cordero se pronunció, al igual que lo hicieron en su momento José Ramón Cossío Díaz y Sergio Valls Hernández, por la inconstitucionalidad de los artículos 133 quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción primera, apartado D y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que permiten al Ministerio Público solicitar información de un teléfono celular sin necesidad de que se tramite una orden judicial.

Una mayoría de siete ministros se ha pronunciado a favor de estas reformas vigentes desde el año pasado.

El caso no se ha resuelto y hoy la Suprema Corte de Justicia seguirá la discusión sobre este asunto. Pero por la postura previa que han asumido cada uno de los ministros se espera desestimar esta acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH.

El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Segunda Sala, consideró que está plenamente justificado que la autoridad investigadora pueda obtener información en tiempo real sobre la localización geográfica de un equipo de comunicación móvil, cuando esto se da en el contexto de una investigación penal vinculada con delitos que por su gravedad han generado en la sociedad mexicana un particular sentimiento de temor y angustia como son los casos de secuestro, pues la celeridad en la localización geográfica del equipo móvil puede conducir a rescatar a las víctimas.

Dijo que casi el 25 por ciento de las víctimas de un secuestro no son liberadas.
 
"De muchas de esas víctimas no se vuelve a saber nada, se trata de un delito que afecta por igual a todos los niveles socio-económicos, lo mismo a profesionistas que a comerciantes, estudiantes o empleados.
 
"El transcurso del tiempo es elemento esencial en el rescate de la víctima, en la cesación del daño físico y psicológico que se le causa, incluso, en el alcance del daño económico que a ella, la víctima, o a la familia se le pueda generar; por eso, instrumentos tecnológicos como el de la localización del teléfono celular será de gran ayuda y de oportunidad en la investigación", afirmó.

Otros dos ministros, Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de los preceptos impugnados, pero hicieron sugerencias para que la Suprema Corte fije criterios para su aplicación.